El Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, ha finalizado el proceso de investigación sobre la importación de bienes producidos mediante “trabajo forzoso” o la carencia de medidas efectivas para combatirlo, manteniendo una resolución desfavorable para Chile. A pesar de las gestiones realizadas por el gobierno chileno y el sector empresarial, la superpotencia confirmó la aplicación del gravamen de castigo más alto para el país, fijado en un 12,5%, el cual entrará en vigor este viernes.
Esta medida coincide con la expiración de las tarifas transitorias implementadas por el gobierno de Donald Trump en febrero pasado. Dichas tarifas habían sido establecidas luego de que la Corte Suprema de EE.UU. eliminara los aranceles impuestos por el mandatario en abril de 2025, durante el denominado Día de la Liberación. En consecuencia, Chile experimentará un incremento en la tasa arancelaria, pasando del 10% vigente hasta este jueves al nuevo 12,5%.
A principios de este mes, una delegación chilena liderada por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, junto a representantes de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y otros gremios, viajó a Estados Unidos con el objetivo de revertir la medida. Sin embargo, los esfuerzos no fueron suficientes para cambiar la decisión de Washington. En un comunicado, la cartera estadounidense explicó que, siguiendo instrucciones del presidente Trump, se aplicaron medidas definitivas basadas en el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, afectando a 60 economías que, según el criterio estadounidense, no han implementado prohibiciones eficaces contra el trabajo forzoso.
Jamieson Greer señaló que el objetivo de estas medidas es corregir violaciones a los derechos humanos y prácticas comerciales distorsionadoras para mejorar el bienestar laboral global. El funcionario destacó que aquellos socios comerciales que actuaron con rapidez para adoptar prohibiciones de importación recibieron un trato preferencial.
En términos de segmentación, los aranceles oscilan entre el 10% y el 12,5%. Aquellas economías que lograron el gravamen menor (10%) fueron aquellas que, según EE.UU., impusieron una prohibición de importación de trabajo forzoso, se comprometieron a hacerlo mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o implementaron un régimen parcial efectivo. En este grupo se encuentran países como Argentina, México, Canadá, Reino Unido, India, Indonesia, entre otros, que anteriormente estaban en el grupo del 12,5%.
Chile, en cambio, se encuentra dentro del grupo de 39 economías a las que se les aplica el gravamen más alto. Si bien la lista de productos castigados excluye al cobre, el impacto recaerá sobre sectores clave de la economía chilena, específicamente en las exportaciones salmoneras, alimenticias y madereras.
Ante este escenario, el gobierno del presidente José Antonio Kast manifestó su rechazo a la decisión. A través de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), el Ejecutivo afirmó que la medida no se condice con los estándares técnicos, políticos y jurídicos presentados durante la investigación. Asimismo, subrayaron que la resolución no identifica productos chilenos específicos producidos con trabajo forzoso, sino que responde a una política comercial transversal basada en diferencias de evaluación sobre los mecanismos regulatorios. El gobierno indicó que continuará las conversaciones con EE.UU. para buscar mejores condiciones de acceso y la exclusión de productos esenciales.
Desde el sector privado, la reacción ha sido de preocupación. Sofofa alertó que la situación es desfavorable y genera una desventaja competitiva frente a otros mercados regionales. Por su parte, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, calificó la medida como un retroceso que genera incertidumbre para quienes invierten y producen en el país.
Los gremios sectoriales también se pronunciaron. Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, aclaró que la decisión no acredita la existencia de trabajo forzoso en la fruticultura, sino que es una evaluación regulatoria. Del mismo modo, SalmónChile y el Consejo del Salmón hicieron un llamado a la Cancillería para agotar todas las instancias de diálogo. Vinos de Chile, aunque lamentó la medida, sugirió que esto representa una oportunidad para demostrar la solidez del marco jurídico chileno y negociar una rebaja al 10%.
Finalmente, Rodrigo O’Ryan, presidente de Corma, enfatizó que la industria forestal chilena cuenta con estricta legislación y certificaciones internacionales, señalando que el arancel no solo afecta a Chile, sino también a importadores y consumidores estadounidenses, además de perjudicar a inversionistas de EE.UU. que poseen activos forestales en el país. Antonio Walker, presidente de la SNA, concluyó que la medida afecta la competitividad y genera incertidumbre para miles de productores y trabajadores.
