El gobierno de Estados Unidos ha implementado una nueva carga impositiva sobre las importaciones provenientes de Brasil, estableciendo una tasa del 25% que entró en vigor este miércoles. Esta medida se enmarca en una estrategia comercial más amplia y agresiva impulsada por la administración de Donald Trump, orientada a la reindustrialización de la economía estadounidense.
Durante una comparecencia ante el Comité de Finanzas del Senado este miércoles 22, el representante comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer, defendió la política tarifaria del gobierno. Greer afirmó que la situación de “emergencia nacional” en materia de comercio persiste y que el gobierno mantendrá el uso de aranceles como herramienta fundamental para proteger a los trabajadores estadounidenses, elevar sus salarios y reducir el déficit comercial del país. El funcionario calificó la estrategia actual como un “éxito” y aseguró que se utilizarán todas las herramientas disponibles para darle continuidad.
La administración Trump se encuentra actualmente en un proceso de reorganización de su política arancelaria tras un revés judicial. En febrero, la Corte Suprema decidió que el uso de una declaración de emergencia internacional para imponer aranceles globales el año pasado era ilegal. Esta sentencia anuló las tarifas anunciadas en el llamado “Día de la Libertación” y puso en duda diversos acuerdos comerciales negociados bajo esas premisas.
Para mitigar el impacto de esta decisión legal, el gobierno recurrió a un instrumento temporal que estableció un arancel base del 10% sobre productos importados de diversos países. Sin embargo, esta medida expira este jueves 23, y el gobierno ya trabaja en alternativas legales para mantener la presión comercial. En junio, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) propuso aranceles de entre el 10% y el 12,5% sobre productos de más de 80 naciones, fundamentándose en la Sección 301 de la legislación comercial. El argumento central es que estos países no han tomado medidas suficientes para evitar la entrada de productos fabricados con trabajo forzado, lo cual perjudica a los Estados Unidos.
Además de la medida contra el trabajo forzado, el gobierno prepara otra ronda de acciones basadas en la Sección 301, enfocadas esta vez en las políticas industriales de otros países, las cuales podrían implementarse en las próximas semanas o meses.
La postura proteccionista se ha extendido también hacia socios estratégicos. El pasado lunes, Donald Trump firmó decretos para aplicar un arancel del 50% sobre una amplia gama de productos canadienses, alegando que Canadá ha discriminado a empresas estadounidenses en sectores estratégicos. Simultáneamente, se ha definido un plan escalonado para los medicamentos genéricos importados: a partir del 1 de agosto de 2026, estarán exentos de tasas por dos años; posteriormente, la alícuota subirá al 100% durante un año y finalmente alcanzará el 200%.
Esta política ha generado una fuerte división en el Congreso estadounidense. Mientras los senadores republicanos subrayan la necesidad de ampliar las relaciones comerciales beneficiosas para sus estados, los demócratas han lanzado duras críticas. El senador Raphael Warnock, de Georgia, señaló que estas tarifas elevan los costos de los bienes de consumo para las familias estadounidenses. Por su parte, el senador Ron Wyden criticó la severidad contra Canadá mientras se mantiene una postura que considera más favorable hacia China, describiendo que el gobierno ha “perdido el rumbo”. Asimismo, el senador Peter Welch de Vermont destacó los perjuicios económicos en su estado, donde Canadá es el principal socio comercial.
En cuanto a la relación con Norteamérica, Jamieson Greer señaló que el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) requiere ajustes, específicamente en reglas que permitan ampliar la producción de automóviles dentro de Estados Unidos. Aunque reconoció que el acuerdo preserva pilares fundamentales como el acceso al mercado agrícola, insistió en que es necesario resolver los problemas identificados para fomentar la producción interna. Mientras tanto, autoridades estadounidenses y mexicanas mantienen discusiones sobre el acuerdo en la Ciudad de México, aunque las negociaciones formales con Canadá aún no han comenzado.
