La comunidad internacional observa con profunda preocupación la acelerada involución democrática de Nicaragua, un proceso que ha alcanzado un punto crítico tras el reciente anuncio del fin de los procesos electorales en el país. Fue el propio presidente Daniel Ortega, quien ha permanecido en el cargo durante casi dos décadas, quien comunicó la decisión el pasado domingo durante un acto multitudinario en Managua, celebrado con motivo del 47 aniversario de la revolución sandinista.
En su intervención, el mandatario sentenció de manera tajante que no habrá más elecciones, argumentando que esta medida busca evitar que el poder sea capturado por la oposición, a la cual acusa explícitamente de «traición a la patria». «¡Que se olviden! Aquí no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno», afirmó Ortega, eliminando cualquier posibilidad de alternancia política en la nación centroamericana, que actualmente subsiste bajo una dictadura cada vez más evidente.
Para que esta decisión se materialice, son necesarios cambios legales en la estructura del Estado. En este sentido, la Asamblea Nacional, cuyos escaños están controlados en su totalidad por el oficialismo, ya ha confirmado el inicio de los trámites legales para liquidar los procesos electorales. La institución informó que se están realizando los análisis necesarios para elaborar un plan de trabajo que siga las orientaciones presidenciales, aunque no se han proporcionado detalles específicos sobre cómo se ejecutará técnicamente esta orden.
Daniel Ortega, que a sus 80 años es el mandatario más longevo de América —cumplirá 81 en noviembre—, ha implementado diversas estrategias para silenciar a la disidencia y asegurar su permanencia en el cargo. El poder es compartido con su esposa, Rosario Murillo, quien fue nombrada copresidenta en 2025 después de haber desempeñado el rol de vicepresidenta durante ocho años.
Entre las maniobras más cuestionables para aferrarse al poder destaca una profunda reforma constitucional promovida durante la legislatura actual. Dicha reforma amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, lo que provocó el retraso de los comicios que estaban previstos para el próximo noviembre, trasladándolos hasta el año 2027. No obstante, con la nueva propuesta de anular las elecciones, es probable que esos comicios tampoco lleguen a celebrarse. Ortega enfatizó que «se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis volverán a llegar al Gobierno», refiriéndose a Estados Unidos.
La revisión de la Carta Magna efectuada hace año y medio en el país, que cuenta con unos 7 millones de habitantes, eliminó la separación de poderes del Estado. Esto otorgó una autoridad total a la pareja presidencial, permitiéndoles actuar a su antojo y, en última instancia, despojar a sus compatriotas del derecho al voto. El mandatario insiste en la necesidad de crear leyes que funcionen como un «muro» o un «bloque» contra aquellos a quienes califica de «golpistas» y «vendepatrias».
Esta persecución ha afectado gravemente a la mermada oposición, así como a periodistas, intelectuales y miembros de la Iglesia católica. En los últimos años, gran parte de los críticos del régimen han terminado en la cárcel o en el exilio, habiendo sido despojados en muchos casos de sus propiedades y hasta de su nacionalidad. Juan Sebastián Chamorro, uno de los líderes disidentes que perdió su nacionalidad, calificó la prohibición de los comicios como un «jarro de agua fría» y expresó su temor de que Nicaragua se transforme en un Estado de partido único, similar a los modelos de China o Corea del Norte, advirtiendo que Ortega representa una amenaza para la democracia en toda América Latina.
La reacción internacional no se ha hecho esperar. Panamá ha llamado a consultas a su embajador en Managua, mientras que Costa Rica ha denunciado el cierre sistemático de los espacios cívicos y la persecución de disidentes. Por su parte, Estados Unidos ha lanzado duras críticas. El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que Ortega y Murillo han abandonado incluso la apariencia de contar con el consentimiento popular, asegurando que la Administración Trump no permanecerá indiferente ante una dictadura que profundiza la represión y genera inestabilidad. Asimismo, la ONU lamentó que estos acontecimientos acentúen las graves restricciones a las libertades fundamentales.
El deterioro de Nicaragua se ha acelerado desde el regreso de Ortega a la presidencia en 2007. En el ámbito social, el país atraviesa una crisis profunda; hace una década que no se publican cifras oficiales de pobreza, pero organizaciones humanitarias estiman que siete de cada diez hogares no pueden costear la cesta básica. Uno de los hitos más oscuros de su gestión ocurrió en 2018, cuando la represión de protestas masivas dejó, según Naciones Unidas, más de 300 personas muertas a manos de las fuerzas del orden.
