El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha propuesto la eliminación de los procesos electorales en su país, el cual gobierna desde el año 2007 bajo constantes acusaciones de fraude electoral. La propuesta del mandatario contempla la supresión de la competencia electoral o, en su defecto, la declaración de «inaplicable» el artículo de la Constitución que actualmente impide la reelección presidencial.
El anuncio fue realizado el pasado domingo durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista. En su intervención, el exguerrillero de 80 años aseguró enfáticamente que en Nicaragua «no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder». Esta declaración marca un nuevo punto de inflexión en la gestión de Ortega, quien ha consolidado el control estatal junto a su esposa, Rosario Murillo, designada copresidenta desde febrero de 2025 mediante una reforma constitucional.
Para comprender la magnitud de esta propuesta, es necesario analizar la trayectoria política de Ortega y los mecanismos legales que ha utilizado para mantenerse en el poder. El octogenario líder coordinó una Junta de Gobierno entre 1979 y 1985, y presidió el país por primera vez en el periodo comprendido entre 1985 y 1990. Su retorno a la presidencia en 2007 fue posible gracias a un acuerdo secreto alcanzado en 1999 con el exjefe de Estado Arnoldo Alemán, quien gobernó entre 1997 y 2002. Dicho pacto implicó una reforma constitucional que redujo al 35 % el mínimo de votos necesarios para ganar una elección presidencial.
Bajo estas condiciones, el líder sandinista se impuso en los comicios de noviembre de 2006 con un 37,99 % de los sufragios. En aquel proceso, la derecha presentó a dos candidatos: el excanciller Eduardo Montealegre, por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), con un 28,3 %, y el fallecido exvicepresidente José Rizo, por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), quien obtuvo el 27,1 %.
La estrategia de permanencia en el poder continuó en octubre de 2009, cuando magistrados sandinistas de la Sala Constitucional declararon «inaplicable» el artículo de la Carta Magna que prohibía la reelección presidencial continua y limitaba el número máximo de mandatos a dos. Esta decisión judicial allanó el camino para que Ortega se presentara nuevamente en 2011, ganando con el 62,46 % de los votos. No obstante, el empresario de radio Fabio Gadea Mantilla, quien quedó segundo con el 31 %, denunció irregularidades y cuestionó la legalidad de dicha reelección.
La falta de integridad en los procesos electorales nicaragüenses ha sido señalada por organismos internacionales. En enero de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado de Nicaragua, concluyendo que la ausencia de integridad en el proceso electoral favoreció la reelección de Ortega. El tribunal afirmó que tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo Supremo Electoral actuaron con parcialidad, impidiendo la revisión judicial de las irregularidades denunciadas.
En noviembre de 2016, Ortega se postuló nuevamente, esta vez acompañado por Rosario Murillo. Estos comicios estuvieron marcados por el veto a los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y el Centro Carter, entidades que ya habían cuestionado el proceso de 2011. Asimismo, el camino hacia la victoria quedó despejado tras la anulación del principal grupo opositor por parte de los poderes Judicial, Electoral y Legislativo, todos afines al sandinismo.
El proceso alcanzó un punto crítico en noviembre de 2021, cuando Ortega fue reelegido con el 75,87 % de los votos mientras sus principales rivales se encontraban encarcelados bajo acusaciones de «traición a la patria». Siete aspirantes a la presidencia fueron detenidos antes de las votaciones. La 51 Asamblea General de la OEA resolvió que estas elecciones no fueron libres, justas ni transparentes, calificándolas de carecer de legitimidad democrática.
Ante este panorama, la actual propuesta de abolir las elecciones ha sido vista por sus críticos como la culminación de un proceso autoritario. Eliseo Núñez, un político opositor en el exilio, ha definido a Ortega como «un dictador capaz de cualquier cosa para mantenerse en el poder». Sus detractores sostienen que el mandatario busca amasar el poder total junto a su familia, siguiendo el modelo de los hermanos Castro en Cuba. Esta visión coincide con la filosofía del antiguo comandante sandinista Tomás Borge, quien afirmó en vida que el Frente Sandinista no podía perder el poder bajo ninguna circunstancia, instando a Ortega a hacer lo necesario para evitarlo.
