La captura de Nicolás Maduro, ocurrida el pasado 3 de enero de 2026 en la ciudad de Caracas, Venezuela, ha desencadenado una serie de interrogantes sobre la posible implicación de figuras clave del entorno gubernamental en la operación. En el centro de esta controversia se encuentra Delcy Rodríguez, quien actualmente ejerce como presidenta interina de Venezuela y quien ha tenido que enfrentar cuestionamientos públicos sobre si existió un acuerdo previo con el gobierno de Estados Unidos para facilitar la entrega del sucesor de Hugo Chávez.
El debate cobró fuerza luego de que diversos medios de comunicación, entre ellos el británico The Guardian, publicaran informaciones que sugieren que Rodríguez tenía pleno conocimiento de que la caída de Maduro era inminente. Según el reporte de dicho medio, la funcionaria no solo estaba al tanto de la situación, sino que se encontraba preparada para gestionar las consecuencias políticas y administrativas que seguirían al arresto del mandatario.
De acuerdo con las declaraciones de un funcionario citadas por The Guardian en diciembre de 2025, la presidenta interina habría manifestado una postura clara respecto al futuro del liderazgo venezolano. El funcionario señaló que Rodríguez comunicaba que "Maduro tiene que irse", añadiendo que ella misma afirmó: "Trabajaré con lo que sea que surja después". Estas declaraciones sugieren una disposición a la transición, aunque las fuentes consultadas por el medio británico fueron enfáticas al aclarar un punto fundamental: no se trató de una participación activa de los hermanos Rodríguez en la ejecución de un derrocamiento o en la organización de un golpe de Estado. En su lugar, se describió como una disposición a colaborar con las nuevas circunstancias una vez que Maduro dejara de ostentar el poder.
Ante estas acusaciones, Delcy Rodríguez rompió el silencio en una entrevista concedida a la cadena Real America’s Voice. Durante la conversación, la presidenta interina negó rotundamente haber tenido cualquier conocimiento sobre la operación de captura liderada por el presidente Donald Trump. Rodríguez insistió en que no existió ningún pacto secreto ni comunicación previa con las autoridades estadounidenses.
Para sustentar su versión, la funcionaria detalló su cronología de actividades durante los días previos y el momento exacto de la intervención. Rodríguez explicó que mantuvo reuniones con el presidente Nicolás Maduro hasta el viernes a las 8 de la noche, momento posterior al cual se trasladó a la isla Margarita. Según su relato, se encontraba en dicha ubicación cuando ocurrió la operación.
"No sabíamos nada. Yo estuve reunida con el presidente Maduro hasta el viernes a las 8 de la noche y luego llegué a la isla Margarita", declaró Rodríguez. La funcionaria añadió que, mientras se disponía a descansar, aproximadamente a las 2 de la mañana, observó un movimiento inusual de aeronaves en el radar. Al contactar a los responsables, fue informada de que se estaba llevando a cabo un ataque contra la capital, hecho que, según sus propias palabras, la sorprendió muchísimo.
Rodríguez fue categórica al rechazar cualquier vínculo con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) o cualquier arreglo previo con el gobierno de Estados Unidos. La presidenta interina aseguró que todas las versiones que sugieren la existencia de un pacto para facilitar la entrega de Maduro son mentiras, concluyendo que "no hubo absolutamente ningún acuerdo, ningún arreglo ni ningún conocimiento sobre lo que podría ocurrir en el país".
Mientras el debate sobre la legitimidad y los acuerdos detrás de la operación continúa, la situación judicial de los implicados sigue su curso en territorio estadounidense. Tanto Nicolás Maduro como su esposa, Cilia Flores, se encuentran actualmente detenidos en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, en Nueva York.
Ambos enfrentan un proceso judicial complejo basado en una serie de cargos graves. Entre los presuntos delitos se encuentran la conspiración para cometer narcoterrorismo y la conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos. Asimismo, se les acusa de la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, además de conspirar para poseer y utilizar dicho armamento. Los detenidos permanecen bajo custodia federal mientras se desarrolla el proceso legal en la jurisdicción de Nueva York.
