La reciente desclasificación de documentos ordenada por la Casa Blanca ha sacado a la luz información determinante sobre el sistema electoral en Venezuela. Los archivos revelan que el régimen bolivariano disponía de la infraestructura técnica necesaria para alterar los resultados de los comicios, validando así las denuncias que la oposición venezolana había sostenido durante años, aunque hasta el momento carecía de pruebas oficiales que las respaldaran.
Los informes de inteligencia remiten específicamente a los acontecimientos de las elecciones de 2012. En aquel entonces, Hugo Chávez, quien ya se encontraba enfermo, resultó vencedor frente a Henrique Capriles. Este proceso ocurrió en un contexto de un gasto público desbordado, el cual fue calculado en 70.000 millones de dólares durante el año previo a la votación. Según los datos proporcionados por la CIA, existía una estructura coordinada entre tres organismos clave: la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y el Consejo Nacional Electoral (CNE).
De acuerdo con la agencia de inteligencia estadounidense, estos tres entes tenían la capacidad de manipular los resultados electorales a través del uso de máquinas de votación que habían sido preprogramadas. Esta sofisticación técnica permitía mover al menos un millón y medio de votos en aquellas zonas geográficas donde el chavismo posee un mayor peso político. El expresidente Donald Trump describió esta situación como un complot específico diseñado para favorecer significativamente al régimen, al cual calificó de corrupto. No obstante, los informes no certifican que dicho mecanismo llegara a activarse efectivamente en la cita electoral de 2012, año en el que Henrique Capriles reconoció su derrota.
El escenario comenzó a transformarse meses después. Tras el fallecimiento de Hugo Chávez en marzo de 2013, Nicolás Maduro se impuso a Capriles por un margen mínimo de votos. En esta ocasión, la oposición sí presentó denuncias formales sobre irregularidades en el proceso. A pesar de ello, la CIA indicó que en ese episodio particular no encontró pruebas concluyentes de que hubiera sido necesario forzar el resultado final para asegurar la victoria de Maduro.
Sin embargo, el relato de la manipulación electoral adquiere mayor claridad con el caso de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, proceso que fue boicoteado por los partidos de oposición. En esta instancia, la alerta no provino únicamente de los informes de inteligencia, sino de la propia empresa Smartmatic, encargada del sistema de votación. La compañía denunció que las cifras de participación habían sido infladas en, al menos, un millón de votos. Esta Constituyente, que estuvo presidida en su fase inicial por Delcy Rodríguez, fue convocada con el objetivo de frenar las protestas callejeras de aquel periodo, aunque terminó su ciclo sin redactar un solo artículo de la nueva Constitución que pretendía redactar.
La agencia de inteligencia señaló que el mismo esquema de manipulación estaba disponible para las elecciones legislativas de 2020. No obstante, el régimen no llegó a necesitar la activación de estos mecanismos técnicos debido a que la oposición decidió no presentarse a los comicios. Esta decisión fue tomada después de que el chavismo expropiara las tarjetas de varios partidos políticos e inhabilitara a diversos dirigentes. Como consecuencia de estas acciones, ni Washington ni Bruselas reconocieron la validez de aquel proceso legislativo.
El episodio considerado como el más grave ocurrió en julio de 2024. Según los documentos, este fraude ni siquiera requirió de la sofisticación técnica de años anteriores. El chavismo procedió a modificar directamente las cifras para revertir la victoria de Edmundo González Urrutia sobre Nicolás Maduro. Los datos reales, reflejados en las actas, indicaban una diferencia contundente de 7 millones de votos frente a 3 millones, eliminando cualquier duda sobre el resultado. La oposición pudo documentar este hecho gracias a los códigos QR de las actas electorales, que se han convertido en la referencia obligatoria para cualquier reconstrucción de esos comicios.
Actualmente, han transcurrido más de seis meses desde la caída del régimen y Venezuela se encuentra bajo un nuevo gobierno sujeto a supervisión internacional. A pesar de este cambio, ninguno de los tres organismos señalados por la CIA ha sido desmantelado: la DGCIM, el SEBIN y el CNE continúan operativos. Asimismo, Elvis Amoroso, quien como presidente del Consejo Nacional Electoral certificó el resultado fraudulento de 2024 siguiendo órdenes de Maduro, permanece en su cargo mientras se llevan a cabo las negociaciones para definir la composición de un nuevo ente electoral.
