La Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) ha emprendido acciones legales en los juzgados de San Pedro Sula para denunciar la situación jurídica de cinco ciudadanos garífunas que se encuentran detenidos. Este miércoles, la organización presentó formalmente un recurso de excepción por falta de acción, el cual ha sido interpuesto como un incidente previo y un especial pronunciamiento ante las autoridades judiciales de dicha ciudad.
La medida legal surge como respuesta a la aparente inactividad del sistema judicial en el proceso que enfrentan los detenidos. Según informó la Ofraneh, existe una ausencia de resolución en el caso, fundamentada en el argumento de que no hay jueces disponibles para atender y resolver este proceso específico. Esta situación ha llevado a la organización a buscar una vía legal que obligue al sistema a pronunciarse sobre la situación de los ciudadanos afectados.
En el marco de estas denuncias, la coordinadora de Ofraneh, Miriam Miranda, ha sido enfática al señalar la existencia de un racismo institucionalizado dentro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Miranda denunció que este fenómeno afecta la impartición de justicia y el debido proceso. Asimismo, hizo un llamado directo al presidente de la Corte Suprema, Wagner Vallecillo, instándolo a que asuma sus obligaciones legales y administrativas para garantizar que el caso sea atendido con la celeridad y justicia que corresponde.
Los ciudadanos garífunas involucrados en este proceso judicial son Deinor Osmany Mejía Arzú, Onil Rigoberto Fernández Zelaya, Hirvin René López Ortiz, Sara Abigail Acosta Acosta y Carlos Enrique Fernández Guzmán. Todos ellos han sido acusados de la presunta comisión del delito de usurpación agravada, cargo que ha derivado en su detención y que es el objeto central de la disputa legal actual.
El recurso presentado por la Ofraneh detalla los hechos que dieron origen a las detenciones. De acuerdo con el documento, el pasado 5 de julio, efectivos de la Policía Nacional, actuando en coordinación con el Ministerio Público, llevaron a cabo un operativo de desalojo en la comunidad garífuna de San Juan. El desalojo se produjo en un predio de tierras que abarca una extensión aproximada de nueve manzanas.
Para justificar la acción de desalojo y las posteriores detenciones, las autoridades policiales argumentaron la implementación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras. Bajo el amparo de esta legislación, se procedió a retirar a las personas que ocupaban las tierras en la comunidad de San Juan, lo que culminó con el arresto de los cinco ciudadanos mencionados.
La Ofraneh sostiene que la falta de jueces para resolver el caso no es un problema meramente administrativo, sino una manifestación del racismo institucional que denunció su coordinadora. Al no haber un pronunciamiento judicial claro, los cinco garífunas permanecen en una situación de vulnerabilidad jurídica, mientras la organización presiona para que la CSJ y el presidente Wagner Vallecillo intervengan para corregir la falta de acción judicial.
Este caso pone de relieve la tensión entre la aplicación de leyes sectoriales relacionadas con la agroindustria y el turismo, frente a la tenencia de tierras en comunidades garífunas. El recurso de excepción por falta de acción busca que el juzgado de San Pedro Sula determine por qué no se ha asignado un juez y se proceda a resolver la situación legal de Deinor Osmany Mejía Arzú, Onil Rigoberto Fernández Zelaya, Hirvin René López Ortiz, Sara Abigail Acosta Acosta y Carlos Enrique Fernández Guzmán, quienes enfrentan el cargo de usurpación agravada tras los eventos del 5 de julio.
