La relación entre el Gobierno de Javier Milei y los principales organismos y potencias internacionales atraviesa una etapa de redefinición estratégica. Esta semana, Luis Cubeddu, número dos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el Hemisferio Occidental, visitó Buenos Aires junto a un grupo de economistas para evaluar la situación actual de la Argentina. El funcionario venezolano, quien mantiene un vínculo cercano con diversos sectores del poder local, dejó una impresión positiva tras analizar el plan financiero presentado por el equipo económico. Cubeddu valoró especialmente que el ministro Luis Caputo haya planteado un escenario de previsión a un año y medio, un horizonte temporal que, aunque habitual en economías estables, representa un plazo considerable para el contexto argentino.
Este acercamiento marca un distanciamiento de las tensiones previas, donde el presidente Milei había señalado a figuras como Rodrigo Valdés como adversarios. Actualmente, la gestión se apoya en lo que se define como la "diplomacia del superávit fiscal", la desaceleración de la inflación y el fortalecimiento de los vínculos con la Casa Blanca. Esta nueva arquitectura relacional se ha vuelto fundamental, especialmente tras los eventos políticos y económicos de septiembre de 2025.
En aquel periodo, el triunfo amplio de "Fuerza Patria" —expresión política del kirchnerismo y del gobernador Axel Kicillof— en las elecciones de medio término generó una fuerte inestabilidad en los mercados. La caída de bonos y acciones, sumada a la presión sobre el peso, puso al Banco Central en una posición crítica entre la pérdida de reservas y el riesgo de una devaluación. Ante este escenario, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, intervino con un rescate financiero que incluyó una línea de swap por 20.000 millones de dólares, mediante la cual el Tesoro norteamericano compró pesos argentinos, estabilizando la moneda y los mercados.
En el marco de estas negociaciones financieras, surgió un proyecto estratégico de alta tecnología: la construcción de reactores nucleares en Argentina. El objetivo planteado por el Gobierno es desarrollar una industria de reactores modulares para la exportación. Este plan se aceleró gracias al interés de la administración de Donald Trump en que sus empresas tengan una participación activa en el sector nuclear, buscando desplazar la influencia de China. Anteriormente, durante la gestión de Alberto Fernández, se había firmado un contrato con la estatal china CNNC para Atucha III, una inversión proyectada en 8.000 millones de dólares que los republicanos ven con recelo.
El eje de este proyecto nuclear es Hamid Ansari, un empresario estadounidense de origen iraní y fundador de la empresa Meitner. Ansari, quien ha invertido previamente en tecnologías disruptivas como SpaceX y Skype, propone instalar un reactor modular de 300 MW en Zárate, provincia de Buenos Aires, con una inversión inicial de 1.200 millones de dólares. Estos reactores serían ideales para abastecer proyectos de inteligencia artificial y el plan contempla fabricar estas plantas en serie en Argentina para su posterior venta global.
Este proyecto ha generado tensiones internas en el Gobierno. Santiago Caputo, asesor presidencial, mantuvo una disputa frontal con Demian Reidel, amigo cercano del presidente, que culminó con la salida de Reidel del manejo del sector nuclear. Asimismo, el plan incluye la posible venta del 44% de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (Na-Sa), la empresa estatal que operaría el reactor de Zárate, siendo Ansari el posible comprador de esa porción minoritaria.
Paralelamente, la Argentina está desplegando una "diplomacia energética" en Europa. Recientemente, el país logró que el Parlamento Europeo rechazara una propuesta de la Comisión Europea que equiparaba la soja con el aceite de palma en términos de deforestación. Este logro fue producto de un intenso trabajo de lobby liderado por el canciller Pablo Quirno, Fernando Brun y Fernando Iglesias.
Un factor determinante en esta negociación fue el peso de los hidrocarburos. La petrolera YPF, en sociedad con la italiana ENI, desarrolla el mayor proyecto de inversión de la historia argentina para exportar gas de Vaca Muerta a Europa por barco, con ingresos estimados en 14.000 millones de dólares anuales. Dado que Europa debe eliminar las compras de gas a Rusia para 2027, la oferta argentina se presenta como una alternativa estratégica, otorgando al Gobierno de Milei una moneda de cambio geopolítica que trasciende la emisión monetaria.
