La tragedia provocada por el doble sismo que azotó a Venezuela, dejando un saldo oficial de casi 4.000 fallecidos y cerca de 18.000 personas sin hogar, ha transformado la dinámica de cooperación entre el gobierno de Estados Unidos y el interinato liderado por Delcy Rodríguez. Mientras la ayuda humanitaria fluye hacia las zonas más afectadas, especialmente en La Guaira, analistas advierten que esta emergencia ha servido como catalizador para un acercamiento pragmático basado en intereses económicos y de estabilidad, dejando en un segundo plano las aspiraciones de transición democrática.
John Barrett, encargado de negocios de EE. UU. en Venezuela, ha señalado que la prioridad inmediata de la administración de Donald Trump es la asistencia humanitaria. No obstante, Barrett sostiene que el objetivo de lograr una transición democrática en el país permanece vigente. Estas declaraciones contrastan significativamente con la realidad operativa y visual: imágenes difundidas en redes sociales muestran a Barrett y al jefe del Comando Sur, Francis Donovan, estrechando manos con Delcy Rodríguez y el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello. Este último es un dato crítico, dado que Estados Unidos mantiene una recompensa de 25 millones de dólares por la captura de Cabello.
A más de 15 días del desastre, politólogos consultados por Efecto Cocuyo sugieren que Washington ejerce un "tutelaje" sobre Miraflores donde prima la estabilidad nacional para asegurar que la cooperación económica, centrada en el petróleo y la minería, no se vea interrumpida. Según el politólogo Luis Rendueles, la ayuda humanitaria se ha convertido en la "excusa perfecta" para consolidar la relación con el gobierno interino. Rendueles destaca que, mientras Barrett describe la respuesta estadounidense como la mayor en la historia de Venezuela, Delcy Rodríguez ya gestiona con el Departamento de Estado y el Fondo Monetario Internacional (FMI) la recuperación de recursos para la reconstrucción.
Este acercamiento ocurre en un contexto de fuerte rechazo interno. Una encuesta de AtlasIntel para Bloomberg, realizada tras los sismos del 24 de junio, revela que la desaprobación de Delcy Rodríguez como gobernante alcanzó el 63,3%, la cifra más alta desde febrero. Asimismo, el 65,4% de los encuestados desaprueba la gestión del interinato durante la emergencia. A pesar de esto, Rendueles afirma que la Casa Blanca prioriza la disposición del gobierno interino para otorgar acceso a recursos mineros y petroleros, definiendo esta relación como una transacción de "ganar-ganar".
En este escenario, la situación de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, es el punto de mayor fricción. Machado ha denunciado la existencia de "obstáculos" que le impiden regresar al país para acompañar a las víctimas del sismo. Aunque medios estadounidenses sugieren que la Casa Blanca está detrás de esta negativa, la exdiputada ha atribuido la responsabilidad únicamente al interinato. Por su parte, el presidente Donald Trump negó haber ordenado el retorno de un vuelo que transportaba a Machado, elogiando a la líder política y mencionando el regalo de la medalla del Nobel.
Para Luis Rendueles, la respuesta de Trump es un ejercicio de "control de daños" destinado a evitar fricciones con su principal aliada opositora y a proteger el voto latino de cara a las elecciones de medio término en noviembre. El analista sostiene que existe una "responsabilidad compartida" entre Miraflores y ciertas facciones de la administración Trump en el bloqueo a Machado, quien evitaría señalar directamente a EE. UU. para no perder la única garantía que posee para un eventual retorno y una transición democrática.
El politólogo Raniero Cassoni coincide en que la comodidad de Washington depende de la estabilidad que representan los Rodríguez, permitiéndoles el control fáctico del país, la militarización y el impedimento del regreso de Machado. Según Cassoni, el "Rodrigato" ejerce el poder real mientras el tutelaje estadounidense se limita a cumplir objetivos específicos de seguridad y economía.
Finalmente, el panorama de la tragedia se complementa con advertencias técnicas y políticas. El ingeniero José María De Viana ha alertado sobre la falta de ingeniería forense antes de la remoción de escombros, mientras que Larry Devoe ha expresado la necesidad de constatar la correcta sepultura de los cadáveres no reclamados en La Guaira. En el ámbito político, Wanda Cedeño y Eugenio Martínez apuntan a la necesidad de reiniciar las negociaciones para alcanzar un acuerdo electoral, en un contexto donde la agenda extranjera parece dictar los ritmos de la política venezolana.
