El Ministro de Salud de Panamá, Fernando Boyd Galindo, reconoció oficialmente este miércoles la existencia de retrasos en la cancelación de los sobresueldos destinados a los médicos internos que han sido asignados a regiones apartadas del territorio nacional. El titular de la cartera de salud atribuyó esta problemática a diversas limitaciones presupuestarias que afectan la operatividad financiera del Ministerio de Salud (Minsa), asegurando que el Gobierno ha estado trabajando para resolver esta situación desde hace varios meses.
Este reconocimiento oficial por parte de Boyd Galindo ocurre en un momento de alta tensión, surgiendo apenas un día después de que diversos médicos internos utilizaran plataformas de video para denunciar públicamente la falta de pago de sus remuneraciones. A estas quejas se sumaron las voces de varios diputados, quienes aprovecharon la sesión plenaria de la Asamblea Nacional para señalar que decenas de profesionales de la medicina llevan meses sin percibir la totalidad de los montos que les corresponden por ley y por contrato. Incluso, se alertó desde el órgano legislativo que algunos de estos médicos se encuentran laborando activamente en el sistema de salud sin haber firmado formalmente sus contratos.
Durante sus declaraciones, el ministro Boyd Galindo hizo una distinción importante respecto a la naturaleza de los pagos pendientes. El funcionario aclaró que los médicos internos sí están recibiendo su salario base de manera regular. No obstante, admitió que el retraso se concentra específicamente en el incentivo económico, conocido como sobresueldo, que es otorgado a aquellos profesionales que prestan sus servicios en zonas de difícil acceso, donde las condiciones geográficas y sociales suelen ser más complejas.
El titular del Minsa indicó que la institución ha mantenido un seguimiento constante del problema y expresó su confianza en que los pagos pendientes puedan concretarse una vez que culminen los trámites administrativos correspondientes. En un gesto de apertura, Boyd Galindo manifestó su total disposición de reunirse personalmente con los médicos afectados para brindarles una explicación detallada sobre el estado actual del proceso y la realidad administrativa que enfrenta la institución. "Sí, por supuesto. Quisiera reunirme con ellos para explicarles cuál es la realidad y qué es lo que se está haciendo", afirmó el ministro.
Para justificar la demora en los pagos, Boyd Galindo sostuvo que la administración actual recibió una situación financiera sumamente compleja, heredando una carga de deudas considerable que ha dificultado el cumplimiento de diversos compromisos dentro del sistema de salud pública. Según las cifras proporcionadas por el ministro, el Ministerio de Salud encontró una deuda acumulada de aproximadamente 650 millones de dólares. El funcionario destacó que, a pesar de la magnitud de este déficit, han logrado resolver una parte importante de los compromisos, alcanzando ya la cifra de 300 y pico de millones de dólares pagados, y asegurando que continuarán trabajando para liquidar el saldo restante.
Por otro lado, la situación fue detallada con mayor rigor desde la Asamblea Nacional. Durante el período de incidencias del pleno legislativo, la diputada Janine Prado presentó denuncias específicas sobre la precariedad en la que se encuentran algunos profesionales. Prado reveló que existen 49 médicos internos asignados a las provincias de Veraguas y Chiriquí que permanecen desde el mes de abril sin poder firmar sus contratos, una falla administrativa que les impide cobrar sus salarios correspondientes.
Asimismo, la legisladora denunció la situación crítica de 13 médicos internos que laboran en la región de Darién desde noviembre. Según la denuncia, estos profesionales solo están recibiendo el 60% de sus honorarios, a pesar de estar desempeñando sus funciones en una de las zonas más apartadas y difíciles del país.
Este escenario ha tenido un impacto directo en la calidad de vida de los médicos internos. De acuerdo con las denuncias presentadas, la falta de regularización de los pagos ha obligado a los profesionales de la salud a utilizar sus propios recursos económicos para cubrir necesidades básicas y operativas, tales como el pago de alquileres, hospedaje, alimentación y transporte, mientras esperan que el Gobierno nacional regularice su situación contractual y financiera.
