Cuatro integrantes de la Cámara de Diputados, pertenecientes al Partido Nacional, han formalizado un pedido de informes dirigido al presidente Yamandú Orsi. El objetivo de esta solicitud es obtener respuestas claras y detalladas sobre el accionar de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, en relación con la sanción administrativa que pesa sobre la anestesista Inés Miralles, cuya situación se encuentra actualmente bajo análisis judicial y administrativo.
Los legisladores Federico Casaretto, José Luis Satdjian, Amin Niffouri y César Grezzi centran sus cuestionamientos en la decisión tomada por la titular del Ministerio de Salud Pública (MSP), quien optó por atenuar la sanción impuesta originalmente a la profesional. De acuerdo con los antecedentes expuestos en el pedido, la Comisión Honoraria de Salud Pública había decidido, mediante una votación unánime, inhabilitar a Miralles para el ejercicio de su profesión por un período de cinco años. Sin embargo, la ministra Lustemberg decidió acotar dicha sanción administrativa, reduciéndola a una duración de tres años.
Este movimiento administrativo ocurre en un contexto jurídico complejo. La profesional Inés Miralles fue condenada por la Justicia tras admitir, mediante un acuerdo abreviado, haber cometido un delito de homicidio culposo. Además, se recuerda que Miralles ya había sido destituida de su cargo en el Hospital Militar, una medida que fue ejecutada a través de una resolución firmada por el propio presidente Yamandú Orsi y la ministra Sandra Lazo.
El pedido de informes de los diputados pone especial énfasis en la aparente contradicción entre las diversas resoluciones. Los legisladores señalan que la decisión de la ministra Lustemberg se encuentra en contraposición con las resoluciones judiciales, ejecutivas y administrativas previas. Asimismo, subrayan que este accionar ha provocado un impacto institucional significativo, evidenciado en la renuncia de once de los trece integrantes que conformaban la Comisión Honoraria de Salud Pública.
Otro punto crítico abordado por los parlamentarios es el comportamiento del Ministerio de Salud Pública ante el Poder Judicial. Según el documento, el MSP no se presentó "ni en tiempo ni en forma" ante el requerimiento del Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1° Turno. Dicho juzgado es el encargado de estudiar la solicitud presentada por Miralles para lograr la anulación total de la sanción que pesa sobre ella.
La dimensión humana y social del caso también es eje central de la solicitud. Los diputados rememoran que el pasado 24 de junio, Néstor Núñez, padrastro de la paciente fallecida en agosto de 2024, entregó personalmente una carta al presidente Orsi. En dicha misiva, se solicitaba formalmente la revocación de la resolución emitida por la ministra Lustemberg. En aquel momento, el mandatario manifestó expresamente que analizaría la situación y que ya mantenía conversaciones con la ministra de Salud Pública al respecto.
Ante este escenario, los legisladores pretenden conocer qué resolución ha tomado el presidente Orsi tras el compromiso público asumido con la familia de la víctima, quien ha entregado en dos oportunidades cartas con reclamos específicos. Los diputados solicitan saber exactamente qué trámite se le ha dado a la última misiva recibida y si el mandatario ha evaluado la pertinencia de la decisión de la ministra, considerando que esta acción podría no brindar las garantías suficientes a los miles de usuarios que dependen del Sistema Integrado de Salud.
Finalmente, el pedido de informes culmina con una pregunta directa y contundente dirigida al jefe de Estado: los diputados interrogan si el presidente considera pertinente mantener al frente del Ministerio de Salud Pública a una ministra cuyo accionar ha generado tales controversias y tensiones institucionales. El desenlace de este pedido de informes se suma a la espera del resultado judicial y administrativo que definirá la suerte definitiva de la sanción contra la anestesista.
