El ministro de Justicia de la República Dominicana, Antoliano Peralta, salió en defensa de la reforma del Código Penal, calificándola como un avance trascendental para el sistema de justicia del país. Durante una reciente intervención mediática, el funcionario subrayó que, a pesar de los ajustes que el Poder Ejecutivo está impulsando actualmente, la legislación mantiene su rumbo hacia una entrada en vigor prevista para el próximo 3 de agosto.
En una entrevista concedida al programa "En La Mañana" de Teleimpacto, conducido por Gregory Caimares y los periodistas Manuel Jiménez y Nelson Encarnación, Peralta abordó uno de los puntos más polémicos: la denominación de la pieza legislativa. El ministro rechazó tajantemente que el proyecto pueda ser catalogado como el "Código Abinader", argumentando que tal afirmación constituye un "error histórico". Para sustentar su postura, recordó que el origen de esta legislación no es reciente, sino que se remonta a finales de la década de 1990.
El funcionario detalló la trayectoria del proyecto, explicando que fue presentado originalmente durante la gestión del expresidente Leonel Fernández. Posteriormente, la pieza fue aprobada, pero terminó siendo observada por el entonces presidente Danilo Medina, debido a las intensas controversias generadas en torno a las tres causales del aborto. Más adelante, el Tribunal Constitucional declaró la norma como inconstitucional, aunque Peralta fue enfático al aclarar que dicha decisión se basó en un vicio de procedimiento legislativo y no en el contenido sustantivo de la norma.
Sobre la estrategia adoptada por el Gobierno actual, el ministro relató que, en su etapa como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, la Presidencia se enfrentó a una disyuntiva: observar la ley nuevamente o promulgarla para aprovechar el periodo de vacatio legis. Explicó que se optó por la segunda vía, permitiendo así que el Estado pudiera revisar y mejorar aspectos específicos antes de que la ley empezara a aplicarse plenamente.
La razón principal detrás de esta decisión, según Peralta, es la urgencia de actualizar la legislación penal dominicana, la cual es heredada del siglo XIX. El ministro sostuvo que el nuevo código es fundamental porque incorpora decenas de figuras delictivas modernas que no estaban contempladas en la legislación anterior, permitiendo definir mejor numerosos delitos y otorgando herramientas actualizadas para la persecución del crimen.
Para asegurar la calidad del texto, Peralta informó sobre la creación de una comisión de juristas encargada de realizar una revisión minuciosa y proponer las correcciones necesarias. Este proceso de mejora fue enriquecido con las observaciones del Ministerio Público y de representantes de diversas plataformas digitales, quienes fueron recibidos por el Ministerio de Justicia siguiendo las instrucciones del presidente Luis Abinader.
Durante la entrevista, el periodista Manuel Jiménez cuestionó si el Gobierno había actuado sin planificación en este proceso. Ante esto, Peralta negó que hubiera una falta de previsión, aunque admitió que pudo existir cierta lentitud en la revisión técnica. El ministro aclaró que ya había conformado un equipo de jóvenes penalistas para analizar el proyecto incluso antes de su aprobación definitiva, consciente de que los plazos constitucionales para una observación presidencial habrían sido insuficientes.
En cuanto a la naturaleza de los cambios, el ministro precisó que las modificaciones propuestas se centran en errores materiales, ajustes de redacción y la armonización de las escalas de penas, asegurando que la estructura esencial del Código Penal permanece intacta.
Uno de los temas más sensibles tratados fue la difamación contra funcionarios públicos. Peralta aclaró que existe una interpretación errónea sobre una sentencia del Tribunal Constitucional. Explicó que el alto tribunal no despenalizó la difamación de manera absoluta, sino que únicamente lo hizo respecto a las críticas dirigidas a los funcionarios en el ejercicio de sus funciones públicas. No obstante, señaló que se mantienen las consecuencias legales cuando las expresiones afectan la dignidad personal o familiar del individuo.
Asimismo, el ministro informó que el Gobierno decidió modificar la disposición sobre las ofensas gestuales, limitando su aplicación exclusivamente al ámbito judicial, específicamente cuando ocurran durante procesos ante jueces, fiscales u otros funcionarios de justicia.
Finalmente, ante las críticas planteadas por el periodista Nelson Encarnación sobre una ley debatida por más de veinte años, Peralta insistió en que el nuevo Código Penal es "una bendición" para el sistema judicial. El funcionario concluyó afirmando que, aunque toda legislación de gran envergadura requiere ajustes constantes, el país gana con esta actualización que sustituye una estructura centenaria y fortalece la persecución de delitos modernos.
