La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, emitió un posicionamiento oficial el pasado 13 de julio de 2026 para aclarar la naturaleza de diversas grabaciones de audio que han sido difundidas recientemente. La mandataria estatal precisó que los fragmentos de conversaciones que han circulado corresponden a diálogos privados mantenidos con individuos que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades de los Estados Unidos, aunque subrayó que dichas personas no acreditaron formalmente su representación oficial.
De acuerdo con la declaración de Ávila Olmeda, durante el desarrollo de estas conversaciones, los interlocutores plantearon diversos escenarios legales. Sin embargo, la gobernadora enfatizó que en ningún momento se presentaron documentos, identificaciones oficiales o requerimientos formales que respaldaran las afirmaciones realizadas por estas personas. Ante esta situación, la mandataria indicó que cualquier asunto de índole legal o administrativa debe ser atendido estrictamente a través de las vías institucionales y los canales legales correspondientes, rechazando cualquier gestión que se salga de dicho marco.
En su comunicado, la gobernadora manifestó encontrarse tranquila y reiteró su plena disposición para esclarecer cualquier situación que sea planteada de manera formal por las autoridades competentes. Ávila Olmeda aseguró que no existe ningún acto irregular que ocultar, por lo que no tiene inconveniente en responder a requerimientos oficiales. Asimismo, hizo una precisión fundamental respecto a las referencias sobre cooperación e intercambio de información mencionadas en los audios. Explicó que tales comentarios se refieren exclusivamente a la coordinación institucional que el estado de Baja California mantiene con las autoridades de México y Estados Unidos en materia de seguridad, dada su condición de entidad fronteriza.
La mandataria subrayó que esta colaboración se lleva a cabo estrictamente dentro del marco legal vigente y mediante canales oficiales, respetando siempre las atribuciones de cada institución. Destacó que el principio que rige esta relación es el de coordinación y comunicación, dejando claro que en ningún momento existe una relación de subordinación hacia entidades extranjeras. En este sentido, rechazó categóricamente las interpretaciones que se han construido a partir de fragmentos aislados de las conversaciones, insistiendo en que continuará enfocada en su labor gubernamental para garantizar la seguridad, el bienestar y la tranquilidad de las familias en Baja California.
Este posicionamiento surge como respuesta directa a la publicación realizada el 13 de julio de 2026 por el periodista Héctor de Mauleón en el diario El Universal. En dicha columna, se difundió una nueva grabación en la que un interlocutor, descrito como un asesor externo del Buró Federal de Investigaciones (FBI), comunicó a la gobernadora que las agencias estadounidenses consideraban que las reuniones previas habían sido poco productivas. Según lo trascendido en la publicación, este interlocutor planteó la existencia de una "última oportunidad" para dialogar con una procuradora que evaluaría posibles cargos judiciales. En la grabación, se escucha a la mandataria expresar su disposición a cooperar y a compartir la información que hubiera escuchado en las mesas de seguridad.
Es importante señalar que esta es la segunda grabación difundida por el mismo columnista. La primera fue publicada el 21 de junio de 2026, ocasión en la que la gobernadora reconoció la autenticidad del audio. No obstante, sostuvo en aquel momento que el contenido de dicha grabación correspondía a gestiones legales orientadas a solicitar la reconsideración de la revocación de su visa estadounidense. Cabe recordar que el Gobierno de Estados Unidos canceló la visa de Marina del Pilar Ávila Olmeda el 10 de mayo de 2025, medida que también afectó a su entonces esposo, Carlos Torres Torres, quien se desempeñaba como coordinador de Proyectos Estratégicos del Gobierno estatal.
En relación con la primera grabación, la gobernadora había mencionado la contratación del abogado estadounidense Michael Nadler para gestionar los trámites jurídicos del caso. Sin embargo, posteriormente aclaró que el litigante ya no forma parte de su equipo legal. Hasta la fecha, es relevante destacar que ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos ni el FBI han confirmado oficialmente la existencia de investigaciones penales, acusaciones formales o procesos judiciales abiertos contra la gobernadora de Baja California.
