La escasez de combustible que afecta actualmente a Cuba ha desencadenado una serie de colapsos simultáneos que han alterado profundamente la vida cotidiana de los habitantes de La Habana. Esta situación ha generado un efecto dominó donde la falta de carburantes no solo afecta el transporte, sino que ha impactado la seguridad energética de los comercios y la salubridad pública de la capital cubana.
Uno de los fenómenos más críticos es el desvío del gas doméstico. Ante la falta severa de diésel y la persistencia de apagones prolongados, numerosas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) han comenzado a utilizar el gas manufacturado distribuido por la Unión Cuba Petróleo (CUPET) —conocido popularmente como “gas de la calle”— así como el gas licuado de petróleo (GLP) para alimentar sus generadores eléctricos. Esta medida, adoptada como una salida de emergencia para mantener la operatividad de los negocios privados, aprovecha que la red de gas canalizado ha sido uno de los pocos servicios que el régimen ha logrado mantener con relativa estabilidad frente al desplome del suministro eléctrico.
Sin embargo, este desplazamiento del recurso tiene consecuencias directas y graves para la población. Especialistas y residentes advierten que el aumento en la demanda por parte de los comercios podría saturar el sistema de gas en el corto plazo. Además, el acaparamiento y la posterior reventa de este combustible en el mercado informal han reducido drásticamente la disponibilidad para las familias cubanas. Como resultado, muchos hogares se han visto obligados a sustituir el gas por leña o carbón para poder cocinar sus alimentos.
En cuanto a la gestión del combustible, aunque el régimen ha empezado a permitir que empresarios privados importen carburantes y gestionen sus propias estaciones de servicio, la situación no ha mejorado significativamente. La falta de liquidez financiera y diversas trabas logísticas mantienen la presión sobre el sistema energético. Al respecto, altos funcionarios han reconocido que la dependencia de la importación de combustible mediante contenedores constituye un desafío estructural que no posee una solución inmediata.
Paralelamente, la escasez de combustible ha provocado el deterioro crítico del servicio de recolección de residuos sólidos en La Habana. Según datos publicados por CiberCuba, para el mes de febrero pasado, solo 44 de los 106 camiones recolectores de la capital se encontraban operativos, lo que representa apenas un 41,5% de la flota total. Mientras que la ciudad genera diariamente entre 24.000 y 30.000 metros cúbicos de residuos, aproximadamente 23.814 metros cúbicos quedan sin retirar cada jornada, acumulándose en las calles.
Para intentar paliar este colapso, el Estado ha recurrido al uso de maquinaria pesada de construcción, equipos que normalmente están destinados a obras de vivienda. No obstante, el uso de estas máquinas para despejar los vertederos improvisados en los barrios ha generado nuevos daños materiales, ya que el equipo pesado rompe las aceras, destruye el pavimento y provoca la apertura de baches en las zonas intervenidas.
Esta crisis sanitaria ha llevado a muchos vecinos a tomar medidas desesperadas, como quemar los residuos acumulados frente a sus hogares. Esta práctica libera humo tóxico y agrava los riesgos para la salud pública. Medios locales han informado que la acumulación masiva de basura ha disparado brotes de enfermedades como el dengue, la chikungunya, la leptospirosis y la hepatitis A en la ciudad.
Ante la ineficiencia estatal, algunos ciudadanos han tomado la iniciativa. En mayo, residentes del barrio Casino Deportivo organizaron su propio sistema de recogida de basura. De manera similar, en Centro Habana, dos vecinos financiados por la propia comunidad comenzaron a vigilar una esquina específica para evitar que se convierta en un punto de abandono de desechos.
Por su parte, el régimen ha implementado respuestas de alcance limitado. Un ejemplo es el proyecto de desarrollo local “El Rampeño”, en el Consejo Popular Rampa del municipio Plaza de la Revolución. Este plan contempla la implementación de 30 triciclos eléctricos para la recogida puerta a puerta de residuos en 14 circunscripciones, operando en dos turnos diarios. El proyecto incluye una “solinera” o estación de carga con paneles solares, diseñada también para recargar vehículos eléctricos, motos y teléfonos celulares. Sin embargo, según una crónica del medio oficialista Cubadebate, al momento de su publicación, el Consejo Popular contaba únicamente con cinco de los 30 triciclos previstos.
