Un grupo transversal de alcaldes llegará este lunes, a partir de las 15 horas, a la sede del Congreso Nacional en Santiago con un objetivo crítico: reunirse con la senadora de la Comisión de Hacienda, María José Gatica (RN). El foco de la discusión es la exención de contribuciones contenida en la megarreforma tributaria, una medida que ha generado una profunda tensión entre los gobiernos locales y el Ejecutivo.
Esta cita se produce en un momento determinante, luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, culminara las negociaciones con los jefes comunales sin conceder la totalidad de sus demandas. Los municipios exigen compensaciones integrales por la caída en los ingresos que sufrirán debido a la medida. Ante la negativa de otorgar todas las compensaciones solicitadas, el ministro Quiroz conminó a los alcaldes a trasladar sus gestiones al Congreso, dado que la propuesta del Ejecutivo ya se encuentra en su segundo trámite dentro de la discusión particular en el Senado.
El nudo del conflicto radica en que el Gobierno busca eximir del pago de contribuciones a los adultos mayores, lo que supondrá una menor recaudación para los municipios estimada en unos 70 millones de dólares. Si bien los alcaldes se habían unido inicialmente para exigir que La Moneda compensara el 100% de este monto, las propuestas del ministro Quiroz fueron parciales. El Ejecutivo sugirió alternativas como el aumento de la fiscalización en el cobro de derechos de aseo y patentes comerciales, además de la creación de un fondo municipal y una prima a largo plazo basada en la invariabilidad tributaria.
Sin embargo, más allá de las cifras, el movimiento municipalista llega al Senado fracturado por diferencias ideológicas. Por un lado, alcaldes alineados con el oficialismo y sectores de derecha, como Catalina San Martín (Las Condes), Felipe Alessandri (Lo Barnechea) y José Manuel Palacios (La Reina), han manifestado su apoyo a que todas las personas mayores de 65 años dejen de pagar el impuesto territorial. Su argumento se basa en que es injusto cobrar este impuesto a quienes han pagado por su inmueble durante toda su vida y han contribuido al desarrollo del país.
En contraposición, alcaldes de oposición, como Karina Delfino (Quinta Normal) y Tomás Vodanovic (Maipú), rechazan una exención general. Sostienen que no es equitativo que adultos mayores con recursos suficientes queden exentos del pago. En este sentido, propusieron una focalización que Hacienda ya rechazó, sugiriendo que no se exima a quienes tengan ingresos mensuales superiores a 3 millones de pesos o que se cobre el impuesto territorial mediante la herencia o venta cuando los inmuebles superen un avalúo fiscal de 250 millones de pesos.
Esta polarización se hizo pública a través de declaraciones cruzadas. José Manuel Palacios, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), señaló en una entrevista que algunos alcaldes han intentado trasladar el tema a un "debate valórico" y que existen municipios que "no quieren que esto funcione". Estas palabras provocaron la reacción inmediata de la alcaldesa Karina Delfino, quien acusó a Palacios de introducir una discusión ideológica para defender al Gobierno y de intentar quebrar el movimiento municipalista unido en favor de los vecinos.
Desde la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Claudio Castro defendió la postura de la focalización, asegurando que su institución representa la transversalidad real de las opiniones políticas. Castro enfatizó que el Gobierno debe orientar el beneficio hacia aquellos adultos mayores que realmente necesitan apoyo, lo que reduciría el déficit financiero municipal y haría que las medidas de reparación fueran permanentes y no dependieran de presupuestos anuales o gobiernos de turno.
Por su parte, el alcalde Felipe Alessandri defendió la postura de Palacios, criticando la instalación de una narrativa de "ricos y pobres". Para Alessandri, la discusión debe centrarse en la justicia y la dignidad, argumentando que las contribuciones fueron concebidas como un impuesto territorial y no como un castigo para quienes envejecen en sus propios hogares.
El escenario legislativo ofrece una oportunidad para los alcaldes progresistas, ya que la senadora María José Gatica coincide parcialmente con ellos. Gatica ha señalado que la exención debería otorgarse basándose en los ingresos demostrados y la capacidad real de pago de las personas, y no en el patrimonio que poseen, reconociendo que existen adultos mayores con viviendas de alto avalúo pero sin liquidez para pagar el impuesto.
Con el plazo para ingresar indicaciones extendido hasta este viernes, la semana se vuelve decisiva para definir si los alcaldes logran un frente común o si sus divisiones internas facilitarán el camino del proyecto gubernamental en el Senado.
