El excandidato presidencial por la agrupación Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, manifestó el pasado viernes su rechazo a entablar un diálogo inmediato con la presidenta electa, Keiko Fujimori. A través de declaraciones brindadas a RPP a su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el congresista dejó claro que cualquier acercamiento con la lideresa de Fuerza Popular está estrictamente condicionado al cumplimiento de tres medidas específicas que, según sus palabras, representan las demandas de amplios sectores de la ciudadanía peruana.
Estas declaraciones se produjeron tras el retorno de Sánchez desde la ciudad de Juliaca, en la región de Puno. Durante su estancia en dicha zona, el político sostuvo diversas reuniones con familiares de personas que fueron víctimas de las protestas sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y enero de 2023, periodo marcado por una fuerte crisis social en el sur del país.
En el marco de la entrevista, Roberto Sánchez reiteró una postura crítica respecto a la legitimidad democrática del próximo gobierno encabezado por Keiko Fujimori. El congresista señaló que su organización política no reconoce dicha legitimidad y confirmó que mantienen recursos activos ante instancias internacionales. El objetivo de estas acciones legales es impugnar los resultados de las elecciones presidenciales que dieron como ganadora a la candidata de Fuerza Popular, basándose en denuncias de un presunto fraude electoral, aunque hasta el momento no se han presentado pruebas que respalden estas acusaciones.
Sánchez expresó su desconfianza hacia los sistemas de justicia nacionales, afirmando que han sido "copados y tomados". Por esta razón, indicó que aguardará el pronunciamiento del Sistema Interamericano para, posteriormente, impulsar la creación de una coalición democrática que sirva como contraparte a lo que él describió como una "vocación autoritaria" que actualmente gobierna el Perú desde el Parlamento. En este sentido, el excandidato hizo referencia a un supuesto control ejercido por el fujimorismo sobre el Congreso en los últimos años y mencionó la existencia de un "pacto mafioso" entre diversas fuerzas políticas, término frecuentemente utilizado por sectores de la izquierda peruana para referirse a las alianzas legislativas actuales.
Respecto a la convocatoria al diálogo extendida por la presidenta electa, Sánchez fue enfático al señalar que solo aceptaría reunirse si se cumplen previamente tres condiciones fundamentales. La primera de ellas es la instauración de una comisión encargada de investigar las muertes registradas durante las protestas sociales en el sur del país, hechos ocurridos bajo el gobierno de transición de Dina Boluarte, posterior al fallido golpe de Estado liderado por Pedro Castillo.
La segunda condición exigida es la derogación de las normas que el congresista calificó como "leyes procrímenes". Resulta relevante precisar que el propio Roberto Sánchez, en su calidad de legislador, fue coautor de una de las iniciativas más cuestionadas dentro de este conjunto normativo, específicamente la Ley 31989.
Finalmente, la tercera condición es la libertad del expresidente Pedro Castillo. Actualmente, Castillo cumple una condena superior a los 11 años de prisión por el delito de conspiración, tras el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, fecha en la que decretó el cierre inconstitucional del Congreso de la República. "Instalemos la comisión que investigue los crímenes del sur. Instalemos esa voluntad política para derogar las leyes procrímenes. Y, como siente mucho peruano, la libertad del presidente Castillo. Cuando esos estándares se pongan adelante, estaremos dispuestos a dialogar siempre", sentenció Sánchez.
A pesar de afirmar que su agrupación mantiene una posición favorable al diálogo y a la construcción política, el congresista fue tajante sobre su percepción personal hacia la mandataria electa, asegurando: "a la señora Keiko Fujimori yo no le creo nada".
Durante su visita a Puno, Sánchez también utilizó transmisiones en vivo junto a dirigentes sociales para cuestionar la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Calificó dicha decisión como "prematura", argumentando que existe una apelación pendiente de resolución ante el mismo JNE y que el caso ha sido llevado a instancias internacionales, sosteniendo que la proclamación no debió ocurrir mientras los procesos no estuvieran debidamente consentidos.
Por último, el excandidato rechazó que la victoria de Keiko Fujimori se haya basado en el respaldo electoral de Puno, región que históricamente ha votado en contra de Fuerza Popular. No obstante, los datos electorales indican que, aunque Roberto Sánchez obtuvo la mayoría de votos en dicha región, Fujimori logró incrementar su votación en comparación con procesos anteriores. Este crecimiento, sumado al apoyo masivo en Lima y entre los peruanos en el exterior, fue el factor determinante para que la candidata de Fuerza Popular se impusiera en una elección de resultados ajustados.
