El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, ha solicitado formalmente al Poder Ejecutivo Nacional la emisión de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el objetivo de suspender la aplicación de un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso "Ferrari contra Levinas". Esta medida busca resolver un conflicto de competencias jurisdiccionales que, según el titular del Ministerio Público Fiscal, impide que los fiscales nacionales puedan intervenir adecuadamente en los recursos extraordinarios presentados ante la justicia nacional ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El núcleo del problema reside en que el mencionado fallo de la Corte Suprema establece que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ) es el órgano competente para entender en los recursos extraordinarios de dicha jurisdicción. Ante este escenario, Casal sostiene que los fiscales nacionales no se encuentran habilitados legalmente para actuar ante tribunales que pertenecen a otra jurisdicción, lo que genera un vacío procesal y una limitación en la capacidad de representación del Estado.
Esta solicitud fue expuesta detalladamente por Casal durante su comparecencia ante la comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. En dicha instancia, el Procurador estuvo acompañado por Juan Manuel Casanovas, secretario de la Procuración General, y Juan Manuel Olima, secretario de Coordinación Institucional. La presentación realizada ante los legisladores se estructuró en dos ejes principales: el estado actual del presupuesto del organismo y los conflictos jurídicos derivados del reciente cambio jurisprudencial.
Durante su exposición, Casal fue claro sobre la necesidad de la intervención del Ejecutivo: “Estamos pidiendo al Ejecutivo que vía un Decreto de Necesidad y Urgencia destinado a una norma que nos habilite a intervenir ante el TSJ respecto en las causas en las que intervenimos en la Justicia Nacional hasta tanto se complete la transferencia total de las competencias en materia de justicia ordinaria. Esto es porque el Ministerio Público no puede intervenir en otras jurisdicciones”, explicó el funcionario.
El Procurador reveló que ya ha intentado solucionar esta situación a través de la vía judicial, solicitando en dos ocasiones a la Corte Suprema la suspensión de la jurisprudencia aplicada, pero en ambos casos la respuesta fue negativa. La situación se ha vuelto aún más crítica tras la aprobación de la Reforma Laboral, específicamente por lo establecido en su artículo 90. Dicha norma ratifica el convenio de traspaso de competencias, lo que anula el argumento previo de que el fallo no sería aplicable en los casos donde interviene el Ministerio Público. Al respecto, Casal señaló que ya ni siquiera pueden sostener que el fallo no sea aplicable cuando interviene el Ministerio Público, dado que el tribunal superior es la Cámara Nacional de Apelaciones.
Para dimensionar la urgencia de la medida, el Procurador describió ante la comisión un caso concreto que pone de manifiesto la vulnerabilidad del sistema. Detalló la situación de un fiscal que, ante un caso de femicidio donde se había dictado una resolución liberatoria que consideraba arbitraria, se encontró con la imposibilidad de recurrir la decisión debido a la incertidumbre sobre qué vía procesal utilizar. Casal enfatizó que existe una "verdadera razón de urgencia" debido a que, tras la sanción de la ley, se presentan casos donde la cobertura normativa es indispensable para evitar la impunidad o errores judiciales.
Actualmente, como medida de contingencia, los fiscales nacionales están presentando recursos de inconstitucionalidad locales, los cuales han sido sostenidos por el fiscal de la Ciudad gracias a un "buen criterio". Sin embargo, Casal advirtió que esta solución es provisional y precaria. El riesgo surge cuando un recurso no es concedido y se vuelve necesario presentar una queja ante el TSJ, acción para la cual los fiscales nacionales no están habilitados. “Nosotros como fiscales nacionales no estamos habilitados para intervenir en un tribunal local ni superior de cualquiera de las provincias”, subrayó el Procurador.
En la segunda parte de su presentación, el equipo de funcionarios del Ministerio Público Fiscal abordó la delicada situación financiera del organismo. Alertaron a la comisión bicameral que el presupuesto ha sufrido una reducción del 47% en los últimos dos años. Al ser consultados sobre si este recorte impactaba directamente en la administración de la justicia, los funcionarios admitieron que han realizado reiterados reclamos a través del Ministerio de Justicia, aunque destacaron la "buena disposición" de dicha cartera para intentar readecuar los recursos disponibles.
Finalmente, Casal reconoció que el panorama presupuestario es complejo para todas las áreas del Estado, pero insistió en que existen gastos que resultan imprescindibles para el funcionamiento operativo del organismo. Mencionó específicamente la necesidad de contratar herramientas tecnológicas y costear alquileres de espacios físicos para el trabajo de los fiscales en las diversas provincias del país. “La cuestión se pone difícil y tratamos de administrar los recursos”, concluyó el Procurador General.
