La República Bolivariana de Venezuela atraviesa una crisis de gobernabilidad y transparencia sin precedentes tras los sucesos ocurridos el pasado 3 de enero de 2026. En esa fecha, fuerzas armadas de los Estados Unidos ejecutaron una invasión al territorio venezolano que resultó en la muerte de ciudadanos y en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Desde aquel acontecimiento, la situación política del país se ha sumergido en un estado de opacidad, donde la nitidez y la transparencia han desaparecido del panorama gubernamental.
Antes de la agresión militar, la dinámica política de la nación estaba regida estrictamente por la línea trazada desde el poder por las autoridades civiles y militares vinculadas al chavismo. Sin embargo, el escenario actual es radicalmente distinto. En la actualidad, la voz de mando en todo lo relacionado con los asuntos de Venezuela ya no emana de sus instituciones internas, sino que tiene su origen en Washington, específicamente a través de la figura de Donald Trump.
En el centro de esta estructura de mando se encuentra la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Según el análisis de la situación actual, la gestión de Rodríguez se ha caracterizado por una sumisión total a los dictados provenientes de Donald Trump. El comportamiento de la mandataria encargada no coincide con el de una ejecutiva que posea autonomía para tomar decisiones basadas en la conveniencia o el bienestar de su país, actuando más bien como un órgano receptor de órdenes externas.
Esta coyuntura es descrita como una situación política semejante a ninguna otra conocida en la historia de América Latina y el Caribe. La gobernabilidad en Venezuela carece de claridad, pues aunque se intenta proyectar la imagen de que el pueblo cuenta con un gobierno nacional, el dominio real y efectivo del país reside en Washington.
Resulta notable que, posterior al 3 de enero de 2026, Estados Unidos no haya mantenido cuerpos militares desplegados en territorio venezolano. La ausencia de uniformados para la demostración de fuerza ha sido posible debido a lo que se describe como una docilidad absoluta en el acatamiento de las órdenes. El control que Donald Trump ejerce sobre Venezuela a la distancia es una manifestación de superioridad basada en la reverencia a la voluntad del gobernante estadounidense.
Esta entrega de la nación a los intereses monopolistas norteamericanos ha quedado evidenciada de manera contundente a raíz de los dos recientes terremotos que afectaron al país. La gestión de estas tragedias telúricas puso de manifiesto la inexistencia de un gobierno nacional capaz de decidir en equipo cómo administrar los recursos económicos del Estado en provecho de los afectados. La falta de una dirección soberana ha impedido una respuesta coordinada y eficiente ante los desastres naturales, dejando en evidencia que las decisiones no se toman en el Palacio de Miraflores, sino donde se encuentre Donald Trump.
Desde una perspectiva política, lo ocurrido tras la intervención del 3 de enero no resiste el análisis favorable. La intervención representó un cambio negativo y drástico para la Revolución Bolivariana, alterando la estructura del Estado y su capacidad de autodeterminación. Ante este panorama, surge una demanda urgente hacia quienes hoy lideran los cuerpos armados venezolanos, instándoles a esclarecer cuál ha sido el destino de la soberanía, la independencia y la autodeterminación de la República Bolivariana de Venezuela.
La realidad actual muestra un país donde la soberanía ha sido desplazada, y donde la administración de los asuntos internos depende enteramente de la voluntad extranjera. El anhelo actual, impulsado por los sectores más consecuentes de la sociedad, es que la patria de Simón Bolívar y Hugo Chávez pueda recuperar su autonomía y volver a ser lo que era antes de la madrugada del 3 de enero de 2026, restableciendo así el control nacional sobre su propio destino y sus recursos.
