El Gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, se encuentra planificando un incremento en las operaciones de control migratorio dentro de los lugares de trabajo. Según han revelado cinco fuentes familiarizadas con las discusiones internas, múltiples agencias federales están colaborando para determinar la mejor manera de elevar el número de arrestos, con el objetivo adicional de satisfacer a la base electoral del presidente.
Desde la administración, los funcionarios han señalado que ya existen investigaciones penales en curso y que cualquier medida adicional de control se derivará directamente de estas pesquisas. En este sentido, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó a CNN que se ha registrado un aumento en las investigaciones penales enfocadas específicamente en el fraude.
Esta gestión interna ocurre en un momento delicado, ya que el Gobierno intenta equilibrar la ejecución de un número histórico de deportaciones sin provocar una agitación excesiva en industrias fundamentales para la economía, tales como la agricultura, la construcción y la manufactura. El objetivo es evitar que estas acciones desestabilicen una economía que consideran frágil.
La estrategia no ha estado exenta de complicaciones previas. El Departamento de Seguridad Nacional ha emitido mensajes contradictorios en el pasado sobre la realización de redadas laborales. Un ejemplo crítico ocurrió el año pasado, cuando una redada migratoria en una planta de Hyundai en Georgia derivó en una disputa diplomática entre Estados Unidos y Corea del Sur.
Por otro lado, los sectores más estrictos en materia migratoria sostienen que la aplicación de la ley en los lugares de trabajo es indispensable para que la agenda migratoria general del presidente sea exitosa. Un funcionario del Gobierno admitió a CNN que, actualmente, la aplicación en los centros laborales no está ocurriendo al nivel necesario y que, sin ello, las cifras de arrestos no alcanzarán los objetivos establecidos.
Para abordar esta situación, funcionarios del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional mantienen conversaciones continuas para elaborar una estrategia coordinada. Parte de este plan consiste en educar a los empleadores sobre sus responsabilidades legales en materia de contratación y ejecutar arrestos migratorios en aquellos lugares de trabajo que estén involucrados en actividades criminales. No obstante, las fuentes advierten que estos planes aún están en desarrollo y podrían sufrir modificaciones.
Desde la Casa Blanca, un funcionario defendió estas acciones asegurando que no se trata de una política nueva. Según el portavoz, el Gobierno ha realizado investigaciones penales desde el inicio de la administración sobre diversas violaciones, incluyendo el robo de identidad y el fraude en los beneficios y la asistencia social. El funcionario subrayó que, si las investigaciones penales requieren la detención de quienes infringen la ley, el Gobierno de Trump procederá con la aplicación de la ley.
La complejidad de estas operaciones es alta. Preparar una intervención en un lugar de trabajo puede tomar meses o incluso años, ya que generalmente depende de una investigación penal previa. El proceso habitual de ICE implica notificar la intención de auditar la documentación migratoria de una empresa; tras realizar la auditoría, si se detectan irregularidades, se inicia la investigación penal. Un exfuncionario del DHS explicó que estas operaciones son difíciles debido a las "montañas de papeleo" y al análisis exhaustivo y la diligencia debida necesarios para probar la culpabilidad.
Aliados del presidente y defensores de una inmigración limitada, como Mark Krikorian, director del Center for Immigration Studies, instan al Gobierno a intensificar estas medidas. Krikorian sostiene que la prueba del éxito del Gobierno será la intensificación de la aplicación relacionada con el empleo, lo cual incluye tanto las redadas como la exigencia estricta de los requisitos de documentación, poniendo así a los empleadores sobre aviso. Según Krikorian, no hay forma de lograr una deportación masiva o fomentar una "autodeportación significativa" sin estas medidas.
En paralelo, el Gobierno ha incrementado la gestión general de arrestos. ICE ha intensificado sus operativos, manteniendo un promedio de aproximadamente 2.000 personas bajo custodia diariamente. Esta cifra se alinea con presiones previas; el año pasado, Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, había ordenado cuotas diarias de 3.000 arrestos, una cifra sin precedentes que la agencia tuvo dificultades para alcanzar.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, informó recientemente en una conferencia de prensa en Nueva York que las deportaciones han mantenido un promedio de más de 3.200 individuos al día en las últimas semanas. Mullin afirmó que la intensificación de estas medidas busca restaurar la ley y el orden, independientemente de si el estado es "rojo" o "azul".
Finalmente, el proceso ha estado marcado por la vacilación del propio Donald Trump. El presidente ha sugerido en diversas ocasiones que sectores como las granjas deberían ser protegidos, mientras simultáneamente presionaba a ICE para intensificar las redadas. Esta ambivalencia provocó confusión interna en ICE, donde los agentes recibieron instrucciones contradictorias: primero limitar las redadas en hoteles, restaurantes y granjas, y posteriormente continuar con la aplicación de la ley en dichos lugares de trabajo.
