El Gobierno comunista de Vietnam ha puesto en marcha un nuevo decreto que permitirá sancionar económicamente a los usuarios de redes sociales que difundan información falsa. A partir de este miércoles, entrará en vigor una normativa que establece multas significativas para quienes publiquen contenidos considerados fabricados, tergiversados o difamatorios, en un contexto que diversas organizaciones no gubernamentales califican como una herramienta para perseguir la disidencia política.
Según la información difundida por medios gubernamentales, el marco legal de esta medida contempla la aplicación de sanciones económicas que oscilan entre los 20 y 30 millones de dong, lo que equivale aproximadamente a un rango de entre 770 y 1.150 dólares estadounidenses. Estas multas se aplicarán específicamente a aquellos usuarios que propaguen contenido que sea calificado como fabricado o difamatorio, siempre que dicha difusión "perjudique la reputación de organismos, organizaciones o individuos".
El alcance de la regulación es amplio. De acuerdo con el portal gubernamental Vietnam Plus, el Estado exigirá estos pagos también a quienes utilicen las plataformas digitales para promover la trata de personas o la prostitución. Asimismo, la normativa sancionará la publicación de materiales que sean catalogados como obscenos o aquellos contenidos que, a criterio de las autoridades, "atenten contra las tradiciones nacionales", aunque el decreto no especifica cuáles son exactamente dichas tradiciones.
En cuanto al contenido visual y la propiedad intelectual, el decreto establece castigos para quienes compartan en redes sociales como X (anteriormente Twitter) o Facebook imágenes explícitas de violencia, incluyendo escenas de asesinatos o cualquier tipo de "escena perturbadora". Adicionalmente, la ley penalizará a quienes distribuyan obras sin la debida autorización de sus titulares de derechos, incluyendo explícitamente los trabajos de naturaleza periodística.
La normativa también pone el foco en el sector de los medios de comunicación. El decreto estipula que las empresas periodísticas enfrentarán las mismas sanciones económicas si no notifican previamente a las autoridades la creación de sus cuentas en redes sociales, páginas web, canales o grupos, independientemente de si estas plataformas son de origen nacional o extranjero.
Existen sanciones aún más severas para ciertos tipos de infracciones. Vietnam Plus ha detallado que las multas más altas, que pueden alcanzar los 50 millones de dong (aproximadamente 1.900 dólares), se reservarán para quienes difundan contenidos que distorsionen la historia, nieguen los logros revolucionarios, atenten contra la unidad nacional, ofendan a religiones o inciten a cualquier forma de discriminación, ya sea racial o de género.
Esta medida no es un hecho aislado, sino que complementa una estrategia de control digital previa. A finales de diciembre de 2024, Vietnam ya había implementado una regulación que obliga a todos los usuarios de redes sociales a verificar su identidad personal. Este requisito es indispensable para que cualquier ciudadano pueda realizar publicaciones en dichas plataformas, eliminando así el anonimato en la red.
El panorama de la libertad de expresión en Vietnam es crítico. El país es señalado como uno de los estados más represores del mundo en materia de prensa. Durante años, las autoridades han utilizado el sistema judicial para castigar con penas de prisión a blogueros y disidentes, bajo la acusación de difundir críticas que el Gobierno considera como un delito de propaganda contra el Estado.
La gravedad de la situación se refleja en los índices internacionales. Reporteros Sin Fronteras sitúa a Vietnam en la posición 174 de un total de 180 países en su Índice de Libertad de Prensa. Por otro lado, la organización Human Rights Watch ha denunciado que, al menos, 160 activistas se encuentran encarcelados de manera arbitraria en el país, evidenciando la tensión constante entre el Estado y quienes defienden los derechos fundamentales y la libre expresión.
