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Enriquecimiento ilícito: Funcionaria confirma que Manuel Adorni utilizó su tarjeta para comprar un monitor gamer de lujo

El fiscal federal Gerardo Pollicita le tomó declaración a Laura Schiuma, directora de Actividades Presidenciales en la Vocería. El ex jefe de Gabinete habría usado a varios empleados públicos para ocultar gastos millonarios

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Enriquecimiento ilícito: Funcionaria confirma que Manuel Adorni utilizó su tarjeta para comprar un monitor gamer de lujo
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La Justicia investiga a Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito tras revelarse que utilizó las tarjetas de crédito de sus subordinados para adquirir artículos de lujo. Según testimonios clave, el exvocero presidencial habría comprado monitores gamer, proyectores y blanquería de alta gama, llegando incluso a intentar realizar consumos que fueron rechazados por los bancos. La causa, liderada por el fiscal Gerardo Pollicita, analiza la falta de comprobantes sobre el origen de los fondos utilizados para reintegrar el dinero a sus colaboradores. El caso avanza hacia una etapa decisiva donde, tras el informe financiero de la DAFI, el exfuncionario podría enfrentar una indagatoria formal por corrupción en los tribunales de Comodoro Py.

Laura Daniela Schiuma, quien se desempeña como directora general de Actividades Presidenciales de la Vocería, brindó este lunes una declaración testimonial ante el fiscal Gerardo Pollicita. Esta comparecencia se produce en el marco de la causa judicial por enriquecimiento ilícito que pesa sobre el ex jefe de Gabinete y entonces vocero presidencial, Manuel Adorni. El testimonio de la funcionaria ha sido clave para los investigadores, ya que confirmó sospechas sobre el uso de tarjetas de crédito de terceros para realizar adquisiciones de alto valor.

Según lo declarado por Schiuma, Adorni le solicitó el préstamo de su tarjeta de crédito para adquirir un monitor gamer de alta gama, específicamente un modelo Samsung Odyssey Oled G8 con calidad 4K. El costo de dicho dispositivo ascendió a la suma de 2.185.000 pesos, una cifra que resulta llamativa considerando que el sueldo de la funcionaria no superaba los 3.500.000 pesos. Esta operación fue reconocida por la testigo luego de que los funcionarios judiciales le exhibieran la documentación respaldatoria donde se detectó la irregularidad.

Sin embargo, el uso de la tarjeta no se limitó a esa única compra exitosa. Schiuma informó haber detectado diversos gastos rechazados por la entidad bancaria que ella desconoció como propios. En los tribunales, la principal sospecha es que Adorni habría intentado realizar múltiples consumos hasta agotar el límite disponible del plástico. Entre los intentos fallidos que figuran en los expedientes de la fiscalía se encuentra la compra de un Smart TV, operación que la directora de Asuntos Presidenciales no supo precisar ni reconocer.

La investigación busca determinar si este comportamiento constituía un modus operandi recurrente por parte del exvocero del presidente Javier Milei. En ese sentido, la fiscalía ya tiene identificados otros dos episodios similares ocurridos entre junio y agosto de 2025. El primero involucra a Luis Enrique Aluju, coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública, quien habría prestado dos tarjetas para la compra de dos proyectores marca Epson, modelo Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV. Cada uno de estos proyectores, destinados a videojuegos, tuvo un costo de 1.831.795 pesos. Estas transacciones se habrían realizado apenas una semana después de las compras efectuadas con la tarjeta de Laura Schiuma.

El segundo caso identificado involucra a Gisela Kocsis, secretaria de la Vocería. El 2 de junio de 2025, Kocsis facturó a su nombre una compra en la tienda Rosen The Store por un monto de 8.183.303 pesos, correspondiente a ropa de cama y blanquería. El fiscal Pollicita ha confirmado que el destinatario final de estos productos fue Manuel Adorni, y que la entrega de la mercadería se realizó en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz.

Durante el interrogatorio, Schiuma reveló que conoce a Adorni desde hace 16 años, vínculo que se originó cuando ambos trabajaban en una concesionaria de Renault vendiendo planes de ahorro. Fue precisamente este vínculo de larga data lo que llevó a Adorni a convocarla para trabajar en la Casa Rosada una vez que fue designado vocero, ya que buscaba integrar su equipo con personas de su entera confianza.

Respecto al reembolso del dinero, la funcionaria precisó que, tras recibir el resumen de la tarjeta, Adorni le reintegró el importe total de la compra del monitor en dinero en efectivo. No obstante, fuentes judiciales señalaron que la testigo no pudo precisar el origen de esos fondos ni aportó comprobantes, transferencias bancarias o mensajes que respaldaran dicha devolución. Asimismo, Schiuma afirmó que fue la única vez que le prestó su tarjeta y aclaró que no posee registros de conversaciones sobre el tema, ya que acostumbra a eliminar sus chats de WhatsApp y no utiliza copias de seguridad.

En cuanto a la situación patrimonial del exfuncionario, Schiuma manifestó no estar al tanto de supuestas inversiones en criptomonedas ni de la existencia de propiedades más allá de un departamento en la avenida Asamblea, en el barrio de Parque Chacabuco. Si bien recordó que la sucesión del padre de Adorni fue un trámite prolongado, aclaró que nunca hablaron sobre el dinero o los bienes recibidos por herencia, y que jamás lo vio manejar sumas relevantes de dinero en efectivo, salvo para gastos cotidianos.

La causa por enriquecimiento ilícito se encuentra ahora en una etapa decisiva. El fiscal Pollicita aguarda el informe de la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) para precisar la magnitud de las inconsistencias patrimoniales de Adorni. Con este documento, el Ministerio Público Fiscal solicitará al juez Ariel Lijo que ordene un requerimiento de justificación patrimonial. De no ser satisfactorias las explicaciones del exfuncionario sobre el origen legal de su fortuna, la Justicia podría citarlo a indagatoria en los tribunales federales de Comodoro Py por una acusación formal de corrupción.

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