Los recientes informes de divulgación financiera de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y otros integrantes del poder judicial han puesto de manifiesto una serie de ingresos y beneficios económicos que han generado atención pública. Estos documentos, hechos públicos el pasado lunes, fueron revelados apenas unas horas después de que el alto tribunal emitiera algunas de las decisiones más trascendentales de su periodo actual, subrayando la relación entre los magistrados y diversos sectores privados.
Uno de los puntos más destacados de los informes es el caso de la magistrada Sonia Sotomayor, integrante del ala progresista de la Corte. Sotomayor reveló haber recibido entradas para conciertos con un valor total de 4.333 dólares estadounidenses. Dichos boletos fueron proporcionados por Rimas Entertainment, una discográfica puertorriqueña que cuenta entre sus clientes al artista Bad Bunny. Según el documento, estas entradas fueron destinadas a la jueza y a sus invitados durante un viaje privado que realizó a Puerto Rico en agosto de 2025, coincidiendo con una serie de presentaciones que Bad Bunny llevó a cabo en una residencia de varias semanas en la isla.
A pesar de la revelación del monto y el origen de los boletos, el informe de Sotomayor ha sido señalado por su falta de precisión. El documento no especifica explícitamente a qué concierto asistió la magistrada. Ante las solicitudes de aclaración sobre estos detalles, un portavoz de la Corte Suprema no respondió a las preguntas formuladas sobre el informe de la jueza.
Más allá del caso de Sotomayor, los informes anuales revelaron una tendencia significativa en la generación de ingresos externos a través de la literatura. En conjunto, los jueces reportaron haber recibido más de 2 millones de dólares en pagos provenientes de editoriales, destinados tanto a la escritura de libros como a los viajes por todo el país necesarios para la promoción de dichas obras.
Dentro de este grupo, la jueza Ketanji Brown Jackson, nominada por el presidente Joe Biden, reportó la cifra más alta en concepto de adelantos editoriales. Jackson declaró ingresos por 1,2 millones de dólares provenientes de la editorial Penguin Random House. Esta suma está vinculada a sus memorias tituladas “Lovely One”, publicadas en 2024, obra que la jueza continúa promocionando en diversas giras nacionales. Recientemente, Jackson amplió el alcance de su obra al publicar una versión adaptada para el público de jóvenes adultos.
Por su parte, la jueza Amy Coney Barrett, la última postulada al cargo por el expresidente Donald Trump, reportó ingresos cercanos a los 850.000 dólares. Estos fondos fueron provistos por Javelin Group, la entidad que se encargó de publicar el año pasado su primer libro, titulado “Listening to the Law”.
En la línea conservadora, el juez Neil Gorsuch también reportó ingresos derivados de su actividad literaria. Gorsuch ha participado en eventos para promover un libro infantil de su autoría, el cual se centra en la Declaración de Independencia. El magistrado informó haber percibido 300.000 dólares en concepto de regalías durante el año pasado a través de la editorial HarperCollins Publishers.
Estos datos ponen de relieve una particularidad en el régimen financiero de la Corte Suprema. Los jueces, quienes perciben un salario anual superior a los 300.000 dólares, tienen restringida la recepción de ingresos externos, con un límite aproximado de 30.000 dólares anuales. Sin embargo, los ingresos derivados de la escritura de libros están exentos de esta política restrictiva. Esta excepción crea un incentivo financiero para que los nueve magistrados escriban obras que vayan más allá de sus opiniones judiciales oficiales.
Además de los ingresos por libros, los informes detallaron diversos viajes. Amy Coney Barrett informó haber viajado a Londres el otoño pasado para asistir a un taller de teoría legal, viaje que fue financiado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame. Asimismo, Neil Gorsuch reportó un viaje a Praga en julio para participar en un programa educativo patrocinado por la Universidad George Mason.
Finalmente, el informe destacó que el juez conservador Samuel Alito solicitó tiempo adicional para presentar su divulgación financiera anual, una práctica que ha sido recurrente para el magistrado a lo largo de los años.
