La región de Moquegua ha iniciado este martes 30 de junio, a partir de las 00:00 horas, una medida de fuerza consistente en un paro regional indefinido. Esta acción ha sido convocada por diversas organizaciones sociales, gremios e instituciones locales que manifiestan su rechazo tajante a un proyecto de ley de demarcación limítrofe que, según sostienen, afecta directamente la integridad de su territorio.
El punto central de la controversia es el Proyecto de Ley N.° 11658/2024-PE, el cual fue aprobado por el pleno del Congreso de la República el pasado 23 de junio. Para las autoridades regionales y la población de Moquegua, esta iniciativa legislativa representa una vulneración a su soberanía territorial, específicamente en el sector conocido como Quebrada Honda. El conflicto ha escalado en intensidad debido a que no se ha logrado alcanzar un acuerdo con el Poder Ejecutivo para que este observe la ley, situación que ha derivado en la radicalización de las protestas, las cuales ya habían incluido bloqueos previos en la vía Panamericana Sur.
Desde la perspectiva técnica, el núcleo de la disputa radica en que la propuesta legislativa busca sanear los tramos de la provincia de Jorge Basadre, perteneciente a Tacna. Sin embargo, Moquegua sostiene firmemente que las coordenadas incluidas en dicho proyecto abarcan la zona de Quebrada Honda, un territorio que legalmente pertenece al distrito de Torata. Las autoridades moqueguanas denuncian que la norma fue elaborada sin un conocimiento real de la geografía de la zona y, además, critican que no se convocó a los representantes de la región durante el proceso de elaboración en la Presidencia del Consejo de Ministros.
Más allá de la delimitación geográfica, existe una profunda preocupación por el control de recursos estratégicos. El acceso al agua y la futura distribución del canon minero son puntos críticos, especialmente ante la eventual ampliación de las operaciones de la empresa Southern Perú en dicha zona. Al respecto, la gobernadora regional, Gilia Gutiérrez, señaló el pasado domingo en el programa Ampliación de Noticias (ADN) de RPP que se han cometido "vicios técnicos imperdonables" en la ley, los cuales recortan territorio a los moqueguanos y generan una confrontación directa entre las regiones de Moquegua y Tacna.
La gobernadora Gutiérrez ha advertido que el malestar social actual es comparable al escenario vivido en junio de 2008, periodo en el que la región protagonizó una masiva protesta denominada el 'Moqueguazo' debido a conflictos por la distribución del canon minero. Según la autoridad regional, la población no está dispuesta a ceder terreno y la defensa territorial se ha convertido en la prioridad máxima de todas las instituciones locales. Asimismo, enfatizó que, de promulgarse la norma, el Ejecutivo podría provocar un conflicto social de mayor escala que pondría en riesgo la gobernabilidad en el sur del país.
Ante el inicio de estas medidas de fuerza, se han tomado disposiciones inmediatas para mitigar riesgos. La Dirección Regional de Educación de Moquegua dispuso la suspensión indefinida de las clases escolares presenciales, afectando tanto a instituciones públicas como privadas. Esta medida se aplica específicamente en los distritos de San Antonio, Moquegua, Samegua y Torata, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los estudiantes y el personal docente frente a las movilizaciones.
De igual manera, el Gobierno Regional de Moquegua anunció la suspensión de las labores administrativas y la atención al público en su sede central y gerencias regionales durante este martes 30 de junio. No obstante, se ha precisado que se mantendrán operativos los servicios esenciales y la mesa de partes virtual para no paralizar totalmente la gestión.
En contraposición a estas declaraciones, el gobernador de Tacna, Luis Torres Robledo, ha negado que el proyecto de ley afecte el territorio de Moquegua o que modifique la línea fronteriza entre ambos departamentos. Torres Robledo explicó que la iniciativa responde a un pedido sostenido durante 38 años por cinco comunidades campesinas: Santa Cruz, Cuaraguaya, Vilalaca, Cambaya y Borogueña. Estas comunidades desean anexarse al distrito de Ilabaya para poder acceder a mejores servicios básicos y a los recursos del canon provenientes de la mina Toquepala.
Frente a este escenario de tensión, Moquegua ha remitido una solicitud formal al presidente de la República, José María Balcázar, instándolo a que observe la ley. Las autoridades moqueguanas proponen la creación de una mesa técnica que permita resolver las discrepancias mediante el diálogo institucional y la revisión de los aspectos técnicos del límite territorial.
