El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado el Plan de Integración y Ciudadanía, una iniciativa dotada con 505 millones de euros durante su primer año de implementación. Este anuncio coincide con el cierre del plazo para el proceso extraordinario de regularización de migrantes, y busca establecer una visión integral de la política migratoria del Ejecutivo, abarcando desde el acceso a servicios públicos básicos hasta la movilidad laboral mediante vías legales y seguras.
Uno de los ejes centrales de este plan es la creación de la Agencia Estatal de Movilidad Humana. El objetivo de este nuevo ente es simplificar y coordinar la gestión migratoria para fomentar flujos ordenados, promoviendo las contrataciones en origen. Para lograr una gestión más sencilla y eficaz, la agencia integrará las funciones y recursos que actualmente se encuentran dispersos entre la Oficina de Asilo y Refugio, la Dirección General de Atención Humanitaria y Protección Internacional, y las Oficinas de Extranjería. Es importante señalar que esta estructura no asumirá las competencias securitarias relacionadas con el control de fronteras.
A diferencia de otras medidas del plan que son de carácter ejecutivo, la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Movilidad Humana requerirá un proyecto legislativo, lo que implica que deberá obtener el visto bueno del Congreso de los Diputados. Según fuentes del Ejecutivo, ya se está trabajando en el texto legal para que la agencia pueda operar lo antes posible. El presidente Sánchez defendió este modelo argumentando que la mejor integración comienza antes de cruzar la frontera, basándose en un contrato, una situación regular y un proyecto de vida definido.
En el ámbito laboral, el plan busca adaptar la fuerza de trabajo migrante a las necesidades reales de la sociedad y del mercado español, reforzando la cooperación con los países de origen y tránsito. Para ello, se destinarán 185 millones de euros a programas que faciliten el acceso al empleo en sectores con alta demanda y al fomento del emprendimiento. Asimismo, el Gobierno ofrecerá más de 100.000 plazas de Formación Profesional adaptadas al mercado laboral y reforzará la Inspección de Trabajo. La gestión de todo este plan recaerá en una comisión interministerial presidida por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
En cuanto a la convivencia y el acceso a derechos, el Ejecutivo asignará casi 30 millones de euros a programas diseñados para reforzar el aprendizaje de lenguas cooficiales y el conocimiento de las normas y valores del país. Este eje también incluye la implementación de un plan para prevenir los discursos de odio y brindar mayor apoyo a las víctimas de discriminación. Paralelamente, se destinarán más de 260 millones de euros para garantizar el acceso a servicios públicos esenciales, centrándose principalmente en sanidad y educación, con el objetivo específico de combatir la segregación escolar.
El presidente del Gobierno subrayó que esta estrategia no solo responde a una visión humanitaria, sino a una necesidad económica estructural. Basándose en datos, Sánchez advirtió que en un escenario de migración nula, la población española caería a 47,9 millones en 2050 y a 41.8 millones en 2070. Esta situación conllevaría pérdidas del PIB del 19% y del 32% respectivamente, un impacto que superaría la crisis financiera de 2008.
Apoyándose en informes de FUNCAS, el jefe del Ejecutivo explicó que la inmigración ha sido responsable del 47% del avance acumulado del PIB entre 2022 y 2025. Además, citó datos del Banco de España indicando que la población extranjera aportó entre el 14% y el 24% del crecimiento del PIB per cápita entre 2022 y 2024, calificando su papel como decisivo para la financiación del Estado del bienestar.
Finalmente, Pedro Sánchez defendió el proceso de regularización de migrantes —que ha superado el millón de solicitudes— como un "éxito de gestión" frente a las críticas de la oposición. Según el presidente, este proceso es un paso clave para sacar de la invisibilidad a cientos de miles de personas, con la meta de que el Plan de Integración y Ciudadanía convierta esa regularización en un proyecto de vida basado en el empleo, la educación, los derechos y el respeto a las reglas de convivencia compartidas.
