En los últimos tiempos, ha crecido la percepción de que la Corte Suprema de Estados Unidos ha dejado de ser una mera instancia judicial para convertirse en la entidad que dirige el rumbo del país. Los nueve magistrados son llamados recurrentemente a dirimir las disputas más polémicas nacidas de una nación profundamente dividida en dos bandos ideológicos, resolviendo conflictos que otras instituciones, sumidas en la disfuncionalidad, no han logrado solucionar de manera decisiva.
Este escenario se ha intensificado bajo la influencia de Donald Trump, quien ha cumplido sus promesas de provocar alteraciones constitucionales y utiliza frecuentemente incluso los casos que pierde para fortalecer su estrategia política. En medio de esta tormenta, el tribunal no solo se limita a interpretar la ley, sino que está elaborando normas morales modernas sobre cuestiones sociales que podrían cambiar la identidad del país. Esto incluye la remodelación de aspectos del sistema electoral y el abordaje de controversias de la guerra cultural, tales como los derechos de las personas transgénero y las definiciones sobre quién tiene derecho a la ciudadanía.
Para el ciudadano promedio, la voz decisiva de la corte en los asuntos más complejos ha hecho que esta parezca una fuerza gobernante, distando mucho de la descripción del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien sostiene que el tribunal simplemente se encarga de dictar sentencia en materia legal y constitucional. Existe un contraste abismal entre el dinamismo de los debates intelectuales en la corte y la situación del Congreso, que parece haber olvidado cómo legislar para impulsar el cambio o ha cedido voluntariamente su poder a la Casa Blanca.
Recientes fallos ponen de manifiesto que la Corte no solo dictamina dónde reside el poder en el sistema político estadounidense, sino que lo redistribuye activamente. Un ejemplo claro es la victoria otorgada a Trump el pasado lunes, que podría permitirle desmantelar la cúpula de agencias gubernamentales cuasi independientes. Específicamente, el tribunal revocó un precedente de 1935 que permitía al Congreso restringir la autoridad del presidente para destituir a los jefes de agencias con el fin de garantizar su independencia.
Este caso, relacionado con el despido de un comisionado de la Comisión Federal de Comercio (FTC), debilita protecciones vigentes desde hace un siglo. Rebecca Kelly Slaughter, excomisionada de la FTC despedida por Trump, advirtió que la agencia fue creada para ser bipartidista e independiente para controlar a las corporaciones más poderosas e impedir que prosperen engañando al pueblo. Por su parte, Trump calificó este fallo como el mayor aumento del poder presidencial en los últimos 100 años.
La percepción de que la corte sirve a los intereses de Trump se fundamenta en su postura sobre el poder ejecutivo expansivo. El presidente John Roberts formó parte del personal de la Casa Blanca de Ronald Reagan, donde se gestó la teoría del ejecutivo unitario que aboga por un presidente mucho más poderoso. Esta tendencia se refleja en decisiones como la de 2024, que dictaminó que los expresidentes gozan de amplia inmunidad por actos oficiales realizados durante su mandato.
Además, la Corte opera en el vacío dejado por la incapacidad del Congreso para legislar. Casos recientes de inmigración, como la limitación del papel de los tribunales en la resolución de estatus de protección temporal para personas de Siria y Haití, podrían haberse evitado si los legisladores hubieran aprobado una reforma inmigratoria integral.
No obstante, la Corte de Roberts no siempre ha respaldado al presidente. El tribunal dictaminó en febrero que la ley no autoriza al presidente a usar poderes de emergencia para imponer aranceles, desbaratando una política emblemática de Trump. Asimismo, Roberts y la jueza Amy Coney Barrett se unieron a los magistrados liberales para rechazar una impugnación del Comité Nacional Republicano contra una ley de Mississippi sobre la contabilización de papeletas electorales.
Esta paradoja revela que, mientras Trump trabaja para ampliar sus poderes, la Corte Suprema sigue siendo una de las pocas instituciones gubernamentales que aún ejercen límites. Sin embargo, a menos que el Congreso recupere su autoridad constitucional, la Corte Suprema seguirá siendo el actor clave en la batalla por definir quién gobierna realmente Estados Unidos.
