En la actualidad, existe una percepción creciente de que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha dejado de ser una modesta rama judicial para convertirse en la entidad que dirige el país. Los nueve magistrados se encuentran llamados repetidamente a resolver las disputas más polémicas surgidas de una nación profundamente dividida en dos bandos ideológicos, asumiendo roles que otras instituciones, sumidas en la disfuncionalidad, no han logrado resolver de manera decisiva.
Donald Trump ha sido un actor central en este proceso. El presidente no solo ha cumplido sus promesas de provocar una alteración constitucional, sino que utiliza incluso los casos que pierde para fortalecer su agenda política, arrastrando constantemente al tribunal hacia el centro de la contienda. En este contexto, la Corte está definiendo normas morales modernas sobre cuestiones sociales que impactan el carácter del país, remodelando el sistema electoral y abordando conflictos de la guerra cultural, tales como los derechos de las personas transgénero y la definición de quién tiene derecho a la ciudadanía.
Para el ciudadano común, el hecho de que la voz decisiva en los asuntos más complejos resida en el tribunal lo hace parecer una fuerza gobernante. Esto contrasta drásticamente con la visión del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien sostiene que su función es simplemente dictar sentencia en materia legal y constitucional. Este escenario pone de relieve un contraste abismal entre el dinamismo de los debates intelectuales de la Corte y la parálisis del Congreso, que parece haber olvidado cómo legislar para impulsar cambios o ha cedido voluntariamente su poder a la Casa Blanca.
Recientemente, una serie de fallos ha evidenciado que la Corte no solo define dónde reside el poder en el sistema político estadounidense, sino que lo redistribuye activamente. Un ejemplo claro fue la victoria de Trump el pasado lunes, la cual podría permitirle desmantelar la cúpula de agencias gubernamentales cuasi independientes. En un caso relacionado con el despido de un comisionado de la Comisión Federal de Comercio (FTC), el tribunal revocó un precedente de 1935 que permitía al Congreso restringir la autoridad del presidente para destituir jefes de agencias, con el fin de garantizar su independencia.
Este fallo impacta directamente la visión de la FTC, agencia creada en 1914 para combatir monopolios industriales y evitar la corrupción del sistema político. Rebecca Kelly Slaughter, excomisionada de la FTC despedida por Trump, advirtió que esta decisión debilita un siglo de protecciones, permitiendo que el presidente instale operadores políticos en agencias independientes como la Comisión Reguladora Nuclear o la Junta Nacional de Relaciones Laborales. El propio Trump calificó este resultado como el mayor aumento del poder presidencial en los últimos 100 años.
La percepción de que la Corte sirve a los intereses de Trump tiene raíces profundas, especialmente en la postura del tribunal sobre el poder ejecutivo expansivo. El presidente de la Corte, John Roberts, formó parte del equipo de Ronald Reagan, donde se gestó la teoría del ejecutivo unitario que aboga por un presidente mucho más poderoso. Esta tendencia se ha visto reflejada en decisiones como la de 2024, que otorgó a los expresidentes una amplia inmunidad por actos oficiales realizados durante su mandato.
A esto se suma una atmósfera de partidismo alimentada por la cobertura mediática y las redes sociales, donde las disidencias contundentes entre magistrados, como las de Samuel Alito y Sonia Sotomayor, refuerzan la imagen de un campo de batalla ideológico. Asimismo, los demócratas mantienen la sensación de que la mayoría conservadora fue concebida mediante artimañas políticas, recordando el bloqueo al candidato de Obama y la rápida designación de Amy Coney Barrett en 2020.
Otro factor determinante es el vacío legislativo. La Corte Suprema ha tenido que intervenir en temas de inmigración debido a la incapacidad del Congreso para aprobar una reforma integral. Recientemente, la mayoría conservadora limitó el papel de los tribunales en la resolución de casos de personas de Siria y Haití con estatus de protección temporal.
No obstante, el tribunal no siempre ha respaldado al presidente. En febrero, dictaminó que el presidente no puede usar poderes de emergencia para imponer aranceles, afectando una política emblemática de Trump. Además, Roberts y Barrett se unieron a los magistrados liberales para rechazar una impugnación del Comité Nacional Republicano contra una ley de Mississippi sobre la contabilización de papeletas electorales.
Esta situación crea una paradoja: mientras Trump trabaja para ampliar sus poderes, la Corte Suprema permanece como una de las pocas instituciones capaces de limitarlos. Sin embargo, a menos que el Congreso recupere su autoridad constitucional, la Corte seguirá siendo el actor clave en la batalla por definir quién gobierna realmente los Estados Unidos.
