El panorama político en América Latina atraviesa una transformación significativa marcada por un giro hacia la derecha en diversas naciones de la región. Según el análisis del politólogo y exsecretario de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda, países como Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Costa Rica han mostrado resultados electorales favorables para candidatos que no solo representan a la derecha, sino que en muchos casos se inscriben en una corriente de ultraderecha.
Esta nueva tendencia se diferencia de la derecha tradicional que predominó anteriormente en el espectro ideológico de estos países. Los nuevos liderazgos presentan posiciones más extremas y radicales. En Chile, se observa que figuras como Kast aspiran a un radicalismo mayor al ejercido por Piñera. En Colombia, De la Espriella busca implementar medidas más draconianas en la lucha contra el narcotráfico y un alineamiento más estrecho con Estados Unidos que los mantenidos por Iván Duque, Juan Manuel Santos o incluso Álvaro Uribe. Por su parte, en Perú, Keiko Fujimori ha adoptado posturas más virulentas que las de la derecha tradicional, a pesar de intentar rescatar ciertos aspectos sociales del legado de su padre.
Un factor determinante en este fenómeno es la afinidad y simpatía explícita hacia Donald Trump. Líderes como Milei, Noboa, de la Espriella y Kast han recibido el apoyo del presidente estadounidense y se han comprometido a integrar el "Escudo de las Américas", un frente militarista y antinarco impulsado por Trump y Marco Rubio. A diferencia de las corrientes conservadoras tradicionales de América Latina, que no siempre fueron ciegamente proamericanas, estos nuevos líderes buscan una cercanía estrecha con el movimiento MAGA en Estados Unidos, además de intentar establecer vínculos con fuerzas de derecha y extrema derecha en países como Francia, Alemania, Inglaterra, España e Italia.
Este escenario plantea desafíos considerables para los gobiernos que aún resisten esta marea conservadora, a la que algunos analistas, como la revista The Economist, han denominado "marea naranja" en referencia al color de cabello de Donald Trump. Actualmente, administraciones como las de México, Brasil y Uruguay se encuentran en una posición de mayor aislamiento regional. Esta situación dificulta la sostenibilidad de posturas pro cubanas, pro nicaragüenses, antiimperialistas, anti Israel, así como la neutralidad mantenida ante la invasión rusa en Ucrania.
El análisis advierte que el reto podría agudizarse con los resultados de las elecciones en España, previstas antes de la primavera de 2027. Existe la posibilidad de que el PSOE pierda el poder frente al Partido Popular (PP), con o sin el apoyo de Vox, debido a escándalos de corrupción que han afectado la imagen del gobierno actual a pesar de su gestión económica. De concretarse este cambio, mandatarios como Claudia Sheinbaum y Lula da Silva podrían quedar como las únicas excepciones en el poder dentro de un grupo reducido de líderes regionales.
El motor principal que ha impulsado a la "marea naranja" al poder es la crisis de seguridad. El electorado de diversos países ha manifestado un estado de pánico ante el auge de la delincuencia, el crimen organizado y la criminalidad. Esta percepción ha generado una seducción hacia modelos como el implementado por Nayib Bukele en El Salvador, calificado en el análisis como aberrante.
Ante esto, la izquierda latinoamericana ha quedado desamparada. El análisis señala que este sector político se ha centrado excesivamente en discutir las causas profundas de la violencia, sin lograr disociar la necesidad de políticas de seguridad democráticas, eficaces y contundentes de los antecedentes represivos de la historia regional. Especialistas como Lucía Dammert en Chile y Lisa Sánchez en México han subrayado la resistencia de la izquierda a aplicar políticas de seguridad que tranquilicen a la población.
En el caso específico de México, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una contradicción. Aunque ha ordenado la detención de decenas de miles de personas en menos de dos años de mandato —muchas de ellas sin juicio ni sentencia—, el peso de los recuerdos históricos de la represión en 1968 y 1971 parece impedirle aplicar la ley con plenitud en ciertos sectores, como ocurrió con la Coordinadora y las Madres Buscadoras antes del Mundial. Esta vulnerabilidad en la gestión de la seguridad abre el flanco para que posturas radicales, similares a las que han vencido en otros países de la región, ganen terreno.
