El Gobierno de España ha tomado la decisión formal de no nombrar a un nuevo embajador en Nicaragua, optando por mantener la representación diplomática en Managua únicamente al nivel de encargado de negocios. Esta determinación confirma la continuidad de un distanciamiento marcado con el régimen liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, consolidando una estrategia de relaciones exteriores basada en lo que fuentes del Ejecutivo español, citadas por Europa Press y replicadas por Despacho 2025, definen como “mínimos contactos” con las autoridades nicaragüenses.
La ausencia de un jefe de misión en la embajada española se prolonga desde el año 2022. En aquel momento, el régimen de Nicaragua expulsó al entonces embajador, Sergio Farré Salvá. En respuesta a esta acción, Madrid aplicó el principio de reciprocidad diplomática, retirando las credenciales al embajador nicaragüense en España, Mauricio Carlo Gelli, y solicitando formalmente su salida del territorio europeo.
Esta medida implica que la interlocución política entre ambas naciones ha quedado relegada a funcionarios de menor rango, reduciendo la relación bilateral estrictamente a los canales diplomáticos esenciales. Si bien el Gobierno español ha evitado llegar a una ruptura formal de las relaciones diplomáticas, la administración actual no prevé, por el momento, elevar el nivel de su representación en Managua.
De acuerdo con la información proporcionada por Despacho 505, esta decisión no es un hecho aislado, sino que se inscribe dentro de la posición conjunta de la Unión Europea frente a las sistemáticas violaciones de los derechos humanos atribuidas al régimen nicaragüense. La decisión de no enviar un embajador refuerza la línea de distancia política y diplomática que Madrid mantiene respecto al gobierno de Ortega y Murillo.
El deterioro de los vínculos entre España y Nicaragua se intensificó significativamente en 2021. En aquel periodo, el régimen nicaragüense acusó al Gobierno español de incurrir en una “continua intromisión” en los asuntos internos del país centroamericano. Ante estas afirmaciones, Madrid respondió llamando a consultas a su entonces embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, y rechazó de manera tajante todas las acusaciones formuladas por el régimen.
La crisis diplomática se profundizó posteriormente debido a la escalada de medidas represivas implementadas contra diversos sectores de la sociedad nicaragüense, incluyendo a opositores políticos, periodistas, defensores de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y líderes religiosos. Este escenario de hostilidad y represión terminó por anular cualquier posibilidad de normalización de las relaciones entre Madrid y Managua.
Un punto crítico en el deterioro de la relación ocurrió en 2023, cuando Daniel Ortega y Rosario Murillo despojaron de su nacionalidad a centenares de ciudadanos nicaragüenses. Entre los afectados se encontraban académicos, empresarios, estudiantes, periodistas, antiguos funcionarios públicos y opositores. Ante esta situación, España reaccionó ofreciendo la nacionalidad española a las personas afectadas y extendió esta posibilidad a otros opositores que permanecían encarcelados en Nicaragua.
Actualmente, la postura del Ejecutivo español responde a una estrategia de equilibrio: mantener abierta la representación diplomática para asegurar los contactos indispensables, pero situándola en un nivel mínimo y sin intención inmediata de restablecer la figura del embajador. Esta fórmula permite preservar los canales formales sin avanzar hacia una normalización política que el Gobierno español considera inviable en las condiciones actuales.
Esta línea de acción es coherente con las recientes denuncias del Parlamento Europeo. En una resolución reportada por Europa Press el pasado 18 de junio, los eurodiputados denunciaron la “represión” y la “vulneración de los derechos” cometidas por el régimen de Nicaragua. La Eurocámara criticó la “represión sistemática” ejercida por Ortega y Murillo, señalando específicamente la existencia de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, juicios sin garantías, el exilio forzado, la desnacionalización y confiscaciones, calificando algunas de estas acciones como crímenes de lesa humanidad.
Asimismo, el Parlamento Europeo denunció la persecución contra los pueblos indígenas, las iglesias cristianas, la sociedad civil y los opositores políticos. En su resolución, los legisladores europeos demandaron la restitución de las organizaciones que han sido disueltas y la garantía plena de la libertad religiosa. Finalmente, la Eurocámara solicitó la excarcelación de todos los presos políticos y propuso la suspensión del acuerdo de asociación de la Unión Europea con Centroamérica, el cual incluye a Nicaragua.
