La Encuesta Funcas 2026 sobre pensiones y educación financiera ha revelado una preocupante correlación entre el nivel de ingresos actual de los hogares españoles y su disposición a invertir para complementar la pensión pública. Los datos ponen de manifiesto una brecha de 25 puntos porcentuales entre los extremos de la escala salarial: mientras que el 72% de los hogares que perciben más de 3.000 euros mensuales ve con buenos ojos la inversión privada para el futuro, solo el 47% de aquellos con ingresos inferiores a 1.000 euros comparte esa visión.
Este hallazgo no describe únicamente una diferencia de actitud ante el ahorro, sino que señala un problema estructural profundo. Según el análisis, quienes acumularán las pensiones más bajas al finalizar su vida laboral son, precisamente, las personas con menos probabilidades de construir un complemento privado que permita compensar esa carencia en el futuro.
La tendencia es lineal y proporcional a la capacidad económica. Entre los hogares con ingresos mensuales situados en el tramo de entre 1.001 y 2.000 euros, el porcentaje de personas que encuentra sentido en realizar estas inversiones asciende al 52%. En el siguiente escalón, para quienes ingresan entre 2.001 y 3.000 euros, la cifra sube al 62%. De este modo, la disposición al ahorro para la jubilación crece en paralelo a la capacidad real de ejecutarlo, concentrándose en los sectores socioeconómicos donde el sistema público, de ser suficiente, generaría menos necesidad de complementos externos.
La gravedad de esta situación se acentúa al contrastar estos datos con la realidad de las pensiones en España. Según cifras de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN-ES) para el periodo 2023-2024, aproximadamente el 35% de las pensiones en el país se encuentran por debajo del umbral de pobreza, fijado en torno a los 850 euros mensuales. Las pensiones no contributivas de jubilación, que para 2026 se situarán en 628 euros al mes según La Moncloa, quedan en el límite o incluso por debajo de dicho umbral en el caso de hogares unipersonales. Asimismo, el 28% de las pensiones contributivas de jubilación en los tramos más bajos tampoco logran superar esta cifra. El propio Gobierno admitió en 2026 que las pensiones no contributivas aún no han alcanzado el 75% del umbral de pobreza, un objetivo que se ha fijado para el año 2027. Este perfil de pensionista suele corresponder a trabajadores con salarios bajos y carreras laborales discontinuas o cortas, coincidiendo exactamente con el grupo que, según Funcas, menos contempla el ahorro privado.
A esta desigualdad económica se suma la variable de la cultura financiera, que actúa como un amplificador de la brecha. La encuesta indica que la predisposición al ahorro no depende solo de los recursos, sino del conocimiento y la experiencia en el manejo de instrumentos financieros. Entre los ciudadanos que ya poseen dos o más productos financieros, el 80% considera positivo invertir para la jubilación, frente al 47% de quienes atraviesan dificultades económicas. Esto crea un ciclo donde quien ya ahorra adquiere el conocimiento para seguir haciéndolo, mientras que quien no ha podido empezar no desarrolla el perfil necesario para plantearse dicha opción.
El desconocimiento general es alarmante: solo uno de cada ocho españoles sabe correctamente cómo se financian las pensiones y tiene una idea aproximada de la pensión media. Esta falta de cultura financiera es especialmente aguda entre las mujeres, donde solo una de cada 14 encuestadas respondió correctamente a ambas cuestiones. A pesar de este vacío de conocimiento, existe una percepción social marcada: el 56% de los encuestados cree que los pensionistas actuales gozan de una mejor posición económica que los trabajadores menores de 40 años, mientras que solo el 25% opina lo contrario.
No obstante, este patrón cambia drásticamente en el grupo de hombres de entre 18 y 30 años, donde el 86% ve positivamente la inversión para complementar la pensión pública. Este es el porcentaje más alto de toda la encuesta, superando la media general del 59% y situándose 46 puntos por encima de las mujeres del mismo rango de edad, donde la cifra cae al 40%.
Esta actitud de los jóvenes varones está estrechamente ligada a la desconfianza en el sistema público. El 95% de los encuestados de entre 18 y 30 años prevé que el sistema sufrirá más reformas antes de que lleguen a la edad de jubilación, y el 85% considera que las reformas implementadas hasta la fecha no serán suficientes para asegurar el pago de sus pensiones.
Esta percepción encuentra respaldo en las advertencias internacionales. En noviembre de 2025, la OCDE señaló que, de no acometerse nuevas reformas, España será el país miembro que dedique la mayor proporción de su PIB al pago de pensiones en 2050, con una proyección del 17,3%, frente al 13,6% actual y una media prevista del 10% para el conjunto de los países de la organización.
