El clima político en la provincia del Chubut se ha tensado significativamente tras las declaraciones del ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce, quien salió al cruce de las críticas emitidas por el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, y el diputado nacional Juan Pablo Luque. El centro de la controversia es el reciente acuerdo alcanzado entre el Gobierno provincial y la compañía petrolera YPF, un entendimiento que, según el funcionario provincial, ha sido malinterpretado o cuestionado con intereses ajenos al bienestar ciudadano.
Federico Ponce no ahorró palabras al cuestionar la postura de ambos dirigentes, centrando su crítica en la finalidad que debería tener la recuperación de los bienes involucrados. El ministro señaló que, si bien coincide en que los activos deben beneficiar a los habitantes de Comodoro Rivadavia, existe una diferencia fundamental en la ejecución. Según Ponce, el objetivo del Gobierno provincial es que dichos bienes se destinen a clubes de barrio, asociaciones vecinales, instituciones sociales y proyectos de desarrollo urbano, así como a familias que llevan años esperando la regularización de sus tierras. En contraposición, advirtió que no permitirá que estos activos "vuelvan a quedar en los bolsillos de los dirigentes de siempre".
El ministro manifestó su sorpresa ante el hecho de que personas que, a su juicio, "durante veinte años estafaron y defraudaron a los comodorenses" sean ahora quienes lideran los reclamos sobre los bienes de YPF. Ponce fue tajante al afirmar que el patrimonio recuperado debe volver a los vecinos y no ser utilizado para fines burocráticos, como la creación de más oficinas o la generación de cargos municipales, evitando que sectores políticos se enriquezcan a costa de una ciudad que, según sus palabras, ellos mismos vaciaron. En este sentido, instó a la ciudadanía a preguntarse por qué quienes gobernaron la ciudad durante tanto tiempo recién ahora manifiestan interés por la importancia de estos bienes.
En cuanto a los detalles técnicos y económicos, el titular de la cartera de Hidrocarburos precisó que el acuerdo transforma la salida de YPF de la Cuenca del Golfo San Jorge en una compensación económica y patrimonial tangible. El beneficio total para la provincia del Chubut supera los 85 millones de dólares. Este monto se desglosa en un pago en efectivo de 25 millones de dólares y la transferencia de inmuebles y tierras valuadas en más de 60 millones de dólares. Adicionalmente, el acuerdo contempla la entrega de 102 vehículos, los cuales serán destinados prioritariamente al fortalecimiento de los servicios públicos y la seguridad en Comodoro Rivadavia.
Ponce subrayó que la intervención del Gobernador fue crucial para evitar que estos activos fueran vendidos o transferidos a manos privadas. Afirmó que, de no haber existido este acuerdo garantizado por la Provincia, las tierras y edificios podrían haber quedado en manos de cualquiera, resaltando que la gestión provincial actuó preventivamente para asegurar que el destino final fuera el beneficio de los comodorenses.
Sobre el destino social de los inmuebles, el ministro enfatizó que se incluyen terrenos vinculados a instituciones comunitarias y familias con situaciones dominiales pendientes desde hace décadas. Reiteró que la garantía del Gobierno es que estos espacios se transformen en proyectos de viviendas, espacios verdes o sedes para instituciones deportivas, rechazando la idea de que queden bajo control político para generar negocios o cargos públicos.
Finalmente, el ministro abordó la preocupación expresada por Othar Macharashvili respecto a los pasivos ambientales. Ponce aclaró que el acuerdo estipula explícitamente que las obligaciones ambientales en las áreas transferidas seguirán siendo responsabilidad de las empresas titulares de las concesiones. Aseguró que existen planes ambientales específicos y auditorías de cierre aprobadas, respaldadas por empresas con capacidad técnica y económica para responder, por lo que las responsabilidades no se transfieren al Estado.
El acuerdo será remitido a la Legislatura del Chubut para su aprobación. Para garantizar la transparencia, el Ejecutivo provincial pondrá a disposición de los diputados toda la documentación respaldatoria, incluyendo el inventario completo de bienes, los planes técnicos y las auditorías ambientales. Ponce concluyó afirmando que el Gobierno busca un debate basado en hechos concretos, convencido de que este acuerdo representa una oportunidad histórica para recuperar el patrimonio público y ponerlo al servicio de la comunidad.
