El panorama político en América Latina y el Caribe ha entrado en una fase de transformación acelerada tras los recientes resultados electorales en Perú y Colombia. El triunfo de Keiko Fujimori en territorio peruano y la victoria de Abelardo de la Espriella en Colombia, independientemente del margen de los resultados, han impulsado la aplicación de lo que se denomina la Doctrina Donroe en la región. En el núcleo de esta estrategia se encuentra la denominada alianza defensiva "Escudo de las Américas", un proyecto que ha cobrado relevancia central en la agenda de Washington.
El "Escudo de las Américas" fue lanzado oficialmente el 7 de marzo de 2026 en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Este mecanismo de cooperación defensiva ha sido retomado recientemente durante las sesiones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebradas en Panamá. El objetivo fundamental de esta iniciativa, junto con la doctrina mencionada, es la implementación de lo que el gobierno de Estados Unidos define actualmente como “seguridad hemisférica”.
Dentro de esta nueva estrategia de seguridad, Washington ha priorizado dos objetivos críticos: el combate frontal contra los cárteles de la droga y la lucha contra el lavado de dinero. Estados Unidos ha decidido privilegiar estos temas en sus relaciones bilaterales y regionales con la mayoría de los gobiernos latinoamericanos. Este enfoque se aplica incluso con aquellas naciones que mantienen una resistencia mínima a las directrices estadounidenses, citando específicamente los casos de Cuba y Nicaragua.
En el caso particular de Perú, el apoyo del presidente Donald Trump a la candidatura de Keiko Fujimori no fue tan explícito como lo fue con otros líderes de las nuevas derechas, tales como Nasry Asfura en Honduras o el propio Abelardo de la Espriella en Colombia. No obstante, las acciones concretas indican un fortalecimiento de los vínculos. Antes de la cumbre de Miami en marzo, Estados Unidos reforzó sus nexos defensivos con el Estado peruano a través de la OTAN.
Paralelamente, la situación en Colombia ha avanzado rápidamente. Donald Trump extendió una invitación formal a Abelardo de la Espriella para integrarse en la alianza defensiva, propuesta que el líder de la derecha extrema colombiana aceptó. Se prevé que, a medida que se consolide la cercanía entre De la Espriella y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aumenten las presiones diplomáticas y políticas sobre el gobierno de Fujimori para que Perú se sume formalmente a este nuevo bloque de seguridad.
La configuración geográfica y política en el Pacífico sugiere que la incorporación de Perú sea casi inevitable. Con Colombia, Ecuador y Chile ya integrados en este esquema defensivo, el país peruano quedaría aislado de una estructura regional predominante. Sin embargo, aquí es donde reside el mayor desafío para la gestión de Keiko Fujimori: evitar que su alineamiento con la administración de Donald Trump en materia de seguridad hemisférica perjudique su relación comercial con China.
Durante la etapa final de su campaña presidencial, Fujimori fue enfática al señalar que preservar a China como el principal inversionista de Perú es fundamental para el país. En este sentido, la presidenta sostiene que la pertenencia de ambos países al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) constituye una herramienta que facilita la continuidad de estos vínculos comerciales prioritarios.
Por otro lado, la expansión del "Escudo de las Américas" enfrenta matices en las economías más grandes de la región. México y Brasil fueron dos de los pocos gobiernos que no recibieron invitación para la reunión fundacional de esta alianza. Aunque ambos países podrían representar obstáculos para el avance del proyecto, mantienen políticas exteriores inscritas en el marco interamericano y relaciones diplomáticas cordiales con Trump.
Es notable que ni Brasil ni México mostraron una oposición firme a las operaciones navales llevadas a cabo por Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico entre finales de 2025 y principios de 2026. En el caso de México, la colaboración bilateral en seguridad con Estados Unidos es vista como una condición indispensable para alcanzar su prioridad máxima en política exterior: la integración total a América del Norte, tal como se detalla en el Plan México y otros documentos oficiales del gobierno mexicano.
