El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, representante de la centroderecha, ha manifestado públicamente su determinación de recuperar el control estatal sobre diversos territorios que actualmente se encuentran bajo el dominio de organizaciones sociales. Esta declaración pone el foco especialmente sobre la región del Chapare, zona reconocida como el principal bastión político del expresidente Evo Morales, donde los simpatizantes del exmandatario han impedido que se ejecute una orden de captura judicial emitida en su contra.
Las declaraciones del mandatario se produjeron este miércoles en el marco de la celebración del aniversario de la policía. Durante su intervención, Paz fue enfático al señalar que el Estado debe retomar el control de las zonas donde la autoridad gubernamental ha sido desplazada. "Vamos a recuperar cada territorio que hoy día no nos pertenece", afirmó el presidente. Asimismo, criticó la percepción de que ciertas áreas del país respondan a intereses sectoriales en lugar de al Estado, añadiendo que "algunos creen que no es territorio boliviano, que es territorio de algunas organizaciones", una referencia que la Presidencia aclaró posteriormente que apuntaba específicamente a la región cocalera del Chapare.
El presidente Paz subrayó la idea de que la soberanía debe prevalecer sobre cualquier control local, asegurando que "todo volverá a la patria" y sosteniendo firmemente que "aquí no hay dueños, ni de territorios, ni de sectores". Estas palabras llegan en un momento de alta tensión política, justo después de que el Gobierno superara la crisis más severa de su gestión, la cual comenzó en noviembre pasado.
Durante un periodo de siete semanas, Bolivia enfrentó una ola de movilizaciones protagonizadas por sectores indígenas, obreros y cocaleros. Estos grupos llevaron a cabo manifestaciones y bloquearon carreteras estratégicas con el objetivo de exigir la renuncia de Rodrigo Paz, motivados por la crisis económica que atraviesa el país. Para resolver esta situación y lograr el levantamiento de los bloqueos, la autoridad ejecutiva decretó el pasado sábado un estado de excepción, medida que permitió restablecer la circulación en las vías afectadas.
En medio de este conflicto, el Gobierno ha dirigido acusaciones directas contra el expresidente socialista Evo Morales, quien gobernó el país entre 2006 y 2019. La administración de Paz ha señalado que Morales fue el promotor de las recientes protestas y que estas fueron financiadas mediante recursos provenientes del narcotráfico, aunque hasta el momento el Ejecutivo no ha presentado pruebas que sustenten dichas afirmaciones.
Actualmente, Evo Morales se encuentra refugiado en el poblado cocalero de Lauca Eñe, ubicado en la zona central del país. El exjefe de Estado permanece allí desde finales de 2024, momento en el que el sistema judicial emitió una orden de captura en su contra debido a un caso de trata de menor, cargo que Morales ha negado rotundamente.
Ante la posibilidad de una incursión gubernamental en su zona de influencia, el expresidente Morales adelantó el pasado martes, en una entrevista concedida a la agencia AFP, que cualquier intento de intervención en la región acarrearía consecuencias. "Aquí va a haber problemas, estamos bien organizados", advirtió Morales, asegurando que sus seguidores y partidarios se defenderán ante una eventual acción del Estado.
Asimismo, el líder izquierdista criticó la gestión de Rodrigo Paz, sosteniendo que la implementación de una "política neoliberal y un estado colonial" por parte del actual gobierno está forzando la situación hacia un escenario de "guerra civil".
A pesar de las declaraciones del presidente Paz sobre la recuperación de los territorios y las advertencias de Morales sobre la resistencia de sus bases, el Poder Ejecutivo no ha proporcionado detalles concretos ni ha adelantado una fecha específica para llevar a cabo la intervención en la región del Chapare.
