El mercado de las viviendas turísticas en España ha experimentado una contracción significativa según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el caso particular de Castilla y León, el número de inmuebles anunciados en plataformas digitales descendió un 7,9 por ciento en mayo pasado en comparación con el mismo periodo de 2025, situándose en un total de 7.573 viviendas. Esta cifra representa el 0,41 por ciento del total de las viviendas censadas en la comunidad autónoma.
De acuerdo con la estadística experimental elaborada por el INE, que se publica dos veces al año, la tendencia a la baja no es exclusiva de la región, sino que se refleja en un escenario nacional. A nivel estatal, la caída de las viviendas turísticas fue del 10,7 por ciento, alcanzando un total de 341.001 inmuebles. Esta disminución supone la segunda mayor caída interanual registrada en la serie histórica de este indicador.
En Castilla y León, el volumen de viviendas turísticas alcanzó su punto máximo en agosto de 2024, momento en el cual el INE detectó 8.487 inmuebles, casi un millar más que la cifra actual. En aquel pico máximo, estas viviendas representaban el 0,48 por ciento del total de viviendas censadas en la comunidad. Esta tendencia descendente también se ha trasladado a la capacidad de alojamiento; en mayo de 2026, el mercado en Castilla y León contaba con 46.028 plazas disponibles, lo que supone una reducción del 4,3 por ciento respecto a las 48.067 plazas existentes en mayo del año anterior.
Un dato relevante es la capacidad promedio de estas viviendas en Castilla y León, que ofrecen una media de 6,08 plazas por inmueble, una cifra ligeramente superior a la media nacional, que se sitúa en 5,03 plazas por vivienda. A nivel general, España contaba en mayo con un total de 1.714.702 plazas distribuidas en sus viviendas turísticas.
Analizando la situación global del país, la estadística indica que en mayo se contabilizaban 40.836 viviendas turísticas menos que hace un año. No obstante, si se realiza una comparación con la medición anterior, correspondiente a noviembre de 2025, el número de pisos turísticos aumentó en mayo un 3,4 %, lo que equivale a un incremento de 11.237 unidades. Cabe recordar que el máximo histórico de viviendas anunciadas en plataformas se registró en agosto de 2021, con un total de 403.267 inmuebles.
La distribución geográfica muestra que las comunidades autónomas con mayor volumen de viviendas turísticas en mayo fueron Andalucía, con 90.649; Cataluña, con 51.305; la Comunidad Valenciana, con 51.268; Canarias, con 48.356; y Baleares, con 21.304. Sin embargo, todas estas regiones presentaron caídas en sus cifras: 5.527, 5.546, 11.922, 2.330 y 3.057 unidades, respectivamente.
A nivel provincial, las zonas con más viviendas turísticas fueron Málaga (45.176), Alicante (32.148), Las Palmas (26.998), Tenerife (21.358), Baleares (21.304) y Gerona (20.821). En contraste, el número de viviendas solo aumentó en las provincias de Badajoz (16 %), Cáceres (14 %), Jaén (7 %), Cuenca (6 %) y La Rioja (1 %), en comparación con mayo de 2025. En cuanto a los municipios, Madrid lidera la lista con 10.836 viviendas, seguido de Málaga (8.288), Barcelona (8.231), Marbella (6.987), Sevilla (6.937), Valencia (5.393), Mijas (4.465), La Oliva (3.979) y Arona (3.967).
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha atribuido este descenso a la implementación de la Ventanilla Única Digital y a la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, la cual faculta a los vecinos para vetar los usos no residenciales de las viviendas. A pesar de ello, el escenario legal es complejo, ya que el pasado 21 de mayo el Tribunal Supremo acordó la nulidad del procedimiento de registro único de arrendamientos de corta duración. El tribunal consideró que el Estado carece de competencia para establecer una regulación exhaustiva que se superponga a las normativas autonómicas.
Desde el Ministerio, dirigido por Isabel Rodríguez, se ha insistido en la necesidad de atraer estas viviendas nuevamente al mercado de alquiler residencial a precios asequibles, apoyándose en los instrumentos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Esta postura se refuerza con datos del Banco de España, que estima que unas 900.000 viviendas que podrían albergar familias están siendo utilizadas como pisos turísticos o segundas y terceras residencias de no residentes. El Gobierno central ha criticado que los gobiernos autonómicos gestionados por el PP hayan recurrido las medidas para limitar los pisos turísticos, argumentando que estas actividades colisionan con el derecho a la vivienda y perjudican la convivencia y la identidad de las ciudades.
