Las representaciones legales de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y de Cristina Álvarez, su asesora, han formalizado una solicitud ante la Audiencia Provincial de Madrid con el objetivo de que se proceda a la revocación de las medidas cautelares impuestas por el juez Juan Carlos Peinado. El núcleo de la petición se centra en la anulación de la retirada de los pasaportes, basándose en el argumento principal de que no existe riesgo alguno de fuga por parte de las implicadas.
Para lograr este objetivo, los abogados de ambas mujeres han presentado un recurso de queja contra el auto judicial emitido el pasado sábado. En dicho documento, el magistrado Peinado había establecido una serie de restricciones estrictas que incluyen, además de la retirada del pasaporte, la prohibición taxativa de salir del territorio español y la obligación de comparecer ante el juzgado cada quince días. Esta información ha sido confirmada a la agencia EFE por diversas fuentes jurídicas este martes.
Estas medidas cautelares fueron dictadas en el marco de un auto más amplio, en el cual el juez Peinado acordó la apertura de un juicio oral. Dicho proceso se llevará a cabo ante un tribunal del jurado y contempla la acusación por cuatro delitos distintos, entre los que se encuentran la malversación y la corrupción en los negocios. En este proceso judicial también figura como implicado el empresario Juan Carlos Barrabés.
En el caso específico de Begoña Gómez, su abogado, Antonio Camacho, ha recurrido a la Audiencia de Madrid, que actúa como el órgano jerárquico superior encargado de revisar las decisiones del juez Peinado. La solicitud de Camacho se ha producido justo un día antes de la fecha citada para que Gómez entregara formalmente su pasaporte en el juzgado. El letrado sostiene que el mantenimiento de estas medidas supone una afectación directa y desproporcionada de una serie de derechos fundamentales de su representada.
La defensa de Begoña Gómez argumenta que las tres restricciones impuestas son totalmente innecesarias. El punto central de su razonamiento es la imposibilidad material de una fuga, dado que la mujer del presidente del Gobierno se encuentra sometida permanentemente a un dispositivo de seguridad gestionado por la Policía Nacional. Según la defensa, este esquema de protección constante hace que cualquier tentativa de abandonar el país sea inviable.
Sumado a lo anterior, el abogado ha subrayado el fuerte arraigo que posee Begoña Gómez en diversas dimensiones de su vida. Se ha hecho hincapié en su arraigo familiar, social y laboral, elementos que, según la defensa, descartan cualquier intención de eludir la justicia. Asimismo, se ha recordado que Gómez ha cumplido estrictamente con todas las citaciones obligatorias ante el juez Peinado hasta la fecha.
El recurso también incluye una crítica severa hacia la figura del magistrado. La defensa cuestiona que el juez haya sugerido que el equipo de seguridad de la Policía Nacional podría colaborar, ya sea por iniciativa propia o siguiendo órdenes superiores, para facilitar una hipotética huida de Gómez. Según la representación legal, esta afirmación es puramente especulativa y ha sido realizada sin contar con base alguna ni indicio concreto que la sustente.
Por su parte, el abogado de Cristina Álvarez, José María de Pablo, ha coincidido plenamente con los argumentos expuestos por la defensa de Gómez. En el recurso al que ha tenido acceso EFE, el letrado califica las palabras del juez sobre las fuerzas de seguridad como "una grave e impertinente desconsideración", afirmando que tales juicios son "dignos de todo reproche en un Estado de derecho" y que no pasan de ser una "mera conjetura".
Además, José María de Pablo ha vuelto a rechazar que existan indicios que vinculen a Cristina Álvarez con ninguno de los delitos imputados por el juez, insistiendo en que no hay sustento jurídico para las medidas cautelares aplicadas. El abogado denuncia, además, una preocupante falta de motivación y de individualización de las medidas en el caso de su defendida. Según el letrado, el juez ha cometido el error de "extrapolar su situación de la de otra coacusada", sin analizar las particularidades del caso de Álvarez.
Finalmente, la defensa de la asesora ha manifestado su creencia de que existe una "apariencia objetiva de previa predisposición" por parte del juez Juan Carlos Peinado para imponer estas medidas. En conclusión, consideran que las restricciones son desproporcionadas y carecen de la justificación necesaria para limitar los derechos de movilidad de Cristina Álvarez.
