La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este martes que un devoto rastafari no podrá proseguir con una demanda contra funcionarios penitenciarios que le cortaron las rastas de manera forzada. Esta decisión judicial representa un giro significativo que, según diversos análisis, podría complicar la capacidad de creyentes de otras religiones para hacer valer las protecciones federales de libertad religiosa dentro del sistema penitenciario.
El fallo fue redactado por el magistrado Neil Gorsuch y respaldado por una mayoría de 6 a 3. El caso resulta inusual debido a que la actual Corte Suprema, de tendencia conservadora, se ha pronunciado en contra de un reclamo basado en motivos religiosos. A través de este dictamen, el tribunal subrayó su reticencia a permitir que los ciudadanos interpongan demandas para hacer valer sus derechos si no cuentan con una autorización explícita otorgada por el Congreso.
En el texto de la sentencia, el magistrado Gorsuch argumentó que el demandante, Damon Landor, pretendía establecer un precedente donde cualquier individuo que reciba fondos federales, aunque sea de manera indirecta, podría ser regulado directamente por el Congreso bajo la premisa de que dicha persona ha consentido tal regulación. Gorsuch fue enfático al señalar que tal razonamiento "no es coherente con nuestros precedentes".
El tribunal determinó que Landor no puede demandar a los funcionarios estatales por el trato recibido, basándose en que los empleados locales desconocían los detalles específicos de la ley federal que protege la libertad religiosa. Esta conclusión fue duramente criticada por la magistrada Ketanji Brown Jackson, quien habló en representación de los tres jueces liberales. Jackson sostuvo que la decisión de la mayoría está destinada a debilitar la ley federal bajo la cual se intentaba presentar la demanda, lo que dificultará considerablemente que los reclusos lleven a los funcionarios ante la justicia cuando aleguen vulneraciones a sus derechos.
Según Jackson, los reclusos que sufran violaciones flagrantes de su libertad religiosa en prisiones estatales podrían quedarse sin ningún recurso legal. La magistrada advirtió que es probable que estas vulneraciones ocurran con frecuencia, ya que los funcionarios penitenciarios estatales tendrán pocos incentivos para acatar la ley federal, incluso en los casos donde se les entregue la normativa por escrito. Asimismo, Jackson afirmó que este razonamiento reduce logros legislativos del Congreso en materia de derechos civiles, atención sanitaria y estabilidad medioambiental a meros "tejemanejes de una entidad privada especialmente adinerada".
Los hechos que dieron lugar al caso ocurrieron cuando Landor se encontraba a pocas semanas de cumplir su condena por posesión de drogas. En el Centro Correccional Raymond Laborde, en Louisiana, guardias de la prisión esposaron al hombre a una silla y procedieron a cortarle las rastas, las cuales llegaban hasta sus rodillas y había dejado crecer durante casi dos décadas como parte de un voto nazareo. Minutos antes del incidente, Landor había entregado a los guardias un dictamen judicial que demostraba la obligación de permitir el uso de rastas por motivos religiosos; sin embargo, los funcionarios tiraron el documento a la basura antes de inmovilizarlo y cortarle el cabello.
Cabe destacar que Landor no había tenido incidentes en otros dos centros penitenciarios antes de su traslado a la prisión de Louisiana, y llegó al centro con una copia de un fallo de un tribunal de apelaciones de 2017 que permitía el uso de rastas. La demanda se basaba en la Ley de Uso de Suelo Religioso y Personas Institucionalizadas (RLUIPA), aprobada por el Congreso en respuesta a un precedente de 1990.
Por su parte, el estado de Louisiana argumentó que la RLUIPA funciona, en la práctica, como un contrato de financiación entre el Gobierno federal y los funcionarios estatales que reciben fondos para las prisiones. Bajo esta lógica, los funcionarios individuales que cortaron el cabello de Landor no eran parte de dicho contrato y, por ende, no podían ser responsabilizados personalmente. Previamente, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, aunque condenó "enfáticamente" el trato recibido por Landor, determinó que el demandante no tenía derecho a demandar debido a precedentes anteriores.
El caso ha generado controversia debido a la trayectoria reciente de la Corte Suprema, que ha favorecido intereses religiosos en otros procesos. Entre ellos, el tribunal permitió que padres religiosos eximieran a sus hijos de leer libros con temáticas LGBTQ, respaldó a un entrenador de fútbol americano que oraba en el campo y permitió que una agencia católica de acogida familiar no evaluara a parejas del mismo sexo. Ante esto, Rachel Laser, directora de Americans United for Separation of Church and State, calificó la decisión como hipócrita, señalando que el tribunal defiende la libertad religiosa de los cristianos mientras permite que el Gobierno ignore la de quienes no pertenecen a esa fe.
