La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado, en un nuevo informe al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) desempeñó un papel determinante en el rescate financiero de la empresa Tubos Reunidos. Según las investigaciones, la denominada «trama Leire» utilizó su capacidad de acceso a miembros de la formación vasca para presionar al Gobierno de Pedro Sánchez, logrando que la compañía recibiera 112,8 millones de euros en fondos públicos canalizados a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
La red, presuntamente liderada por Leire Díez, no solo habría mediado para conseguir la inyección de capital, sino que también se habría movilizado para que la Moncloa concediera a la empresa un aplazamiento en la devolución de dichos fondos. En el centro de esta operativa se encuentran Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Joseba Antxon Alonso, este último señalado como presunto socio del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
De acuerdo con los hallazgos de la UCO, este grupo mantuvo reuniones con figuras clave del PNV, específicamente con su entonces presidente, Andoni Ortuzar, y con el responsable de Organización y senador Joseba Aurrekoetxea. Una de estas citas tuvo lugar el 28 de enero del año pasado, habiendo sido coordinada previamente por Vicente Fernández a través de correos electrónicos con una trabajadora de la formación vasca. El éxito de estas gestiones quedó incluso registrado en la agenda de Leire Díez, descrita como la «fontanera» del PSOE.
El caso está siendo investigado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien analiza si Díez, Fernández y Alonso crearon una estructura paralela a la SEPI entre los años 2021 y 2023. El objetivo de esta organización habría sido favorecer la adjudicación de contratos y la obtención de rescates mediante el uso de sus relaciones y capacidad de influencia. La UCO estima que la trama medió en al menos cinco operaciones diferentes, cuyo valor total asciende a 132,9 millones de euros, contando para ello con la ayuda de diversos cargos públicos. Los tres implicados, detenidos en diciembre, utilizaban un chat secreto llamado «Hirurok» («nosotros tres» en euskera), y presuntamente habrían percibido comisiones superiores a los 750.000 euros.
En el caso específico de Tubos Reunidos, el Gobierno aprobó el rescate en julio de 2021. Resulta relevante que Vicente Fernández había presidido la SEPI entre junio de 2018 y octubre del mismo año, dimitiendo tras ser imputado por presuntas irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. Tras su salida, Fernández trabajó para Servinabar y actuó como consultor externo para Tubos Reunidos durante cuatro años tras la concesión de la ayuda pública.
Los investigadores sostienen que Fernández utilizó sus antiguos contactos en la SEPI para obtener información privilegiada durante la tramitación del rescate y en etapas posteriores. La UCO afirma que la trama aportó sus vínculos políticos para impulsar las gestiones a favor de la empresa alavesa, la cual habría pagado 247.459 euros en concepto de comisiones a la organización.
A través del chat «Hirurok», los implicados admitieron haberse reunido en secreto con Ortuzar y Aurrekoetxea para acelerar el proceso. En uno de estos encuentros participó también el consejero delegado de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras, quien ya está imputado. Asimismo, Jesús Pérez Rodríguez Urrutia, consejero independiente de la empresa, presentó su dimisión recientemente tras conocerse que se había reunido con Santos Cerdán en la sede de Ferraz.
La trama se activó cuando el expediente de la empresa fue elevado al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) el 15 de julio de 2021. Ante las dudas y objeciones de los miembros del Consejo, Fernández instó a Antxon Alonso a contactar con el PNV para desbloquear la situación, advirtiendo que el secretario de Estado estaba poniendo dificultades. Tras la intervención del PNV, la solicitud fue aprobada el 13 de julio. En el chat «Hirurok», Fernández escribió a Alonso: «No sé cuánto habrá influido nuestra intermediación. Estoy seguro de ello. Hablar tú en el PNV el martes y que el siguiente martes se apruebe no es casualidad», sugiriendo que los jeltzale ejercieran presión sobre el Gobierno Central.
Posteriormente, la empresa formalizó un contrato con Mediaciones Martínez, firma a través de la cual la trama canalizaba los fondos. Aunque la relación mercantil se interrumpió en agosto de 2023 con la salida de Francisco Irazusta de la presidencia, se reconstituyó tras una cena el 17 de octubre de 2023, en la que participaron Fernández, Alonso, Cerdán y Rodríguez Urrutia.
Finalmente, la UCO ha detectado nuevos contratos de prestación de servicios y primas de éxito vinculadas a la renegociación de los intereses de la deuda con la SEPI. En las últimas etapas, la dinámica cambió debido a una presunta pérdida de capacidad de Fernández, siendo Leire Díez quien tomó la iniciativa recurriendo a Santos Cerdán y a miembros del Gobierno vasco. El 13 de noviembre de 2024, Díez se reunió en el despacho de Cerdán junto a Fernández, De las Heras y Rodríguez Urrutia para intentar conseguir una dispensa que permitiera a Tubos Reunidos disponer de 9,8 millones de euros provenientes de la venta de un inmueble en Sestao, fondos que debían ser depositados en la SEPI.
