Los seguidores del exmandatario Evo Morales anunciaron este lunes, 22 de junio de 2026, que realizarán una pausa en sus movilizaciones sociales. Estas acciones tenían como objetivo principal exigir la renuncia del actual presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. El anuncio se produce en el tercer día de vigencia del estado de excepción decretado por el gobernante, medida adoptada tras más de un mes y medio de bloqueos de carreteras que han generado pérdidas económicas millonarias en el país.
La determinación de detener temporalmente las protestas fue comunicada por los dirigentes de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, quienes representan a uno de los sindicatos de cocaleros más influyentes de la nación. Durante una comparecencia pública, en la que también estuvo presente Evo Morales (quien gobernó entre 2006 y 2019), los líderes sindicales definieron esta etapa como un "cuarto intermedio".
Isidro Auca, dirigente de las federaciones, explicó que la decisión de implementar este cuarto intermedio responde a la intención de "pacificar" el país momentáneamente. No obstante, Auca fue enfático al advertir que esta medida no representa el fin de sus demandas, asegurando que "esta lucha va a continuar" y que "la batalla no termina". Según el dirigente, el tiempo de pausa será utilizado para seguir organizando y preparando sus acciones, bajo la premisa de que el Gobierno actual no ha demostrado la capacidad necesaria para solucionar los problemas existentes en la sociedad.
En el marco de esta misma comparecencia, Auca lanzó duras críticas hacia el acuerdo alcanzado el pasado viernes entre el Gobierno y Mario Argollo, el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB). El líder cocalero acusó a Argollo de haberse "vendido" y de haber "traicionado" a los sindicatos al firmar dicho pacto.
Por su parte, Evo Morales ratificó que la situación actual es simplemente un "cuarto intermedio" y aclaró que esto no significa que sus bases se hayan rendido. El exmandatario aprovechó el espacio para reiterar sus denuncias contra la gestión de Rodrigo Paz, acusándolo de estar entregando los recursos naturales de Bolivia a empresas transnacionales. Asimismo, Morales sostuvo que estas políticas provocarán un incremento en los costos del combustible y de los servicios básicos, aseveraciones que han sido negadas categóricamente por el Gobierno.
Desde el Trópico de Cochabamba, otra dirigente cocalera, quien prefirió no identificarse, señaló que la región se mantiene en "estado de emergencia". Esta medida tiene como fin la "defensa de la vida y el resguardo del hermano Evo Morales". Cabe destacar que el Trópico de Cochabamba es el principal bastión político y sindical del exgobernante en el centro del país. Morales permanece en esta zona desde octubre de 2024, donde es resguardado por sus seguidores para evitar su captura en el marco de un proceso penal por trata agravada de personas. Dicho proceso se basa en su presunta relación con una menor de edad, con quien supuestamente tuvo una hija durante su mandato presidencial en el año 2016.
Hasta este lunes, la zona cocalera concentraba la mayoría de los bloqueos de carreteras que aún persistían en el territorio nacional. Estos cortes de vías habían sido instalados originalmente el 6 de mayo por la COB y campesinos de La Paz, a quienes posteriormente se sumaron los seguidores de Morales para demandar la renuncia del presidente Paz. Ante esta situación, el mandatario decretó el estado de excepción el sábado pasado con el objetivo de liberar las rutas terrestres.
El Gobierno de Rodrigo Paz ha mantenido una postura firme, acusando al exmandatario Evo Morales de promover estas protestas mediante el uso de dinero ilícito y alegando que el objetivo final de estas movilizaciones es ejecutar un "golpe de Estado".
El impacto del conflicto ha sido severo para la población. Los bloqueos prolongados ocasionaron el desabastecimiento de productos esenciales, incluyendo alimentos, combustible y oxígeno medicinal en diversas ciudades. El saldo humano es trágico, con al menos 16 personas fallecidas, de las cuales trece perdieron la vida debido a la falta de atención médica oportuna, consecuencia directa de la imposibilidad de transitar por las carreteras bloqueadas. En el ámbito financiero, las pérdidas económicas se estiman en más de 3.000 millones de dólares.
