El Gobierno de Chile confirmó que iniciará acciones legales y presentará querellas criminales contra las personas responsables de una serie de amenazas de bomba que impactaron la capital este lunes. Los incidentes provocaron el despliegue de protocolos de emergencia y la evacuación preventiva de diversos puntos de alta concurrencia en Santiago, generando una jornada de tensión y la interrupción de actividades en recintos clave de la ciudad.
Las alertas se activaron tras la recepción de correos electrónicos en los que se advertía la supuesta presencia de artefactos explosivos en instalaciones estratégicas. Entre los lugares afectados se encuentran el Centro de Justicia, el Palacio de Tribunales, el Centro GAM y el Zoológico Metropolitano, además de un quinto punto inspeccionado por las autoridades. Ante la gravedad de los mensajes, se procedió a la aplicación inmediata de los protocolos de seguridad establecidos para cada recinto, priorizando la integridad de las personas presentes.
De acuerdo con la información proporcionada por el seremi de Seguridad Pública, Juan Andrés Barrientos, los correos electrónicos fueron remitidos bajo el seudónimo de “Agonía 67”. Según el funcionario, el objetivo detrás de estas comunicaciones era generar un clima de pánico generalizado en la población mediante advertencias que hablaban de un supuesto “caos” y de la ejecución de ataques coordinados en distintos puntos de la capital.
A raíz de estas amenazas, se ordenó la evacuación preventiva de todos los trabajadores, usuarios y visitantes que se encontraban en los espacios afectados. Mientras se realizaba el desalojo de las instalaciones, equipos especializados se desplegaron en los sitios para verificar la veracidad de las alertas y descartar cualquier riesgo mayor para la ciudadanía.
El seremi Barrientos explicó que los equipos de emergencia actuaron de manera coordinada para contener la alarma y asegurar que no existieran peligros reales. En este contexto, el personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros llevó a cabo inspecciones exhaustivas en los cinco puntos donde se habían recibido las alertas. Tras los barridos de seguridad, el GOPE confirmó que no se encontró ningún artefacto explosivo en ninguna de las ubicaciones, determinando que se trataba de falsas alarmas.
A pesar de que no hubo peligro real, el impacto operativo fue significativo. La amenaza provocó la suspensión temporal de diversas actividades judiciales, culturales y recreativas en Santiago. El funcionamiento normal de instituciones públicas y espacios de alta afluencia se vio seriamente afectado durante la jornada, obligando a reprogramar gestiones y eventos.
Uno de los incidentes más destacados ocurrió en el Centro GAM, donde se estaba llevando a cabo una actividad oficial encabezada por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao. Debido a los protocolos de seguridad y la orden de evacuación, el evento debió ser suspendido de forma inmediata, afectando la agenda de la autoridad y de los asistentes.
Por otro lado, el Zoológico Metropolitano también fue objeto de una evacuación masiva. El incidente coincidió con el periodo de vacaciones de invierno, lo que implicó que una gran cantidad de familias se vieran afectadas por el desalojo repentino del recinto. Ante esta situación, la administración del zoológico informó que, como medida de compensación, las entradas utilizadas este lunes podrán ser revalidadas entre el 23 de junio y el 6 de julio. Asimismo, se confirmó que el zoológico retomaría su funcionamiento normal a partir de este martes.
Desde el Ministerio de Seguridad Pública se anunció que no se tolerarán este tipo de acciones. El seremi Barrientos fue enfático al señalar que el Gobierno será parte activa del proceso judicial, declarando: “Como Ministerio tenemos la facultad de presentar querellas ante cualquier amenaza contra instituciones del Estado o personas”.
En paralelo al anuncio de las acciones legales, la Fiscalía y las policías han iniciado un trabajo de inteligencia digital. El objetivo es analizar exhaustivamente los correos electrónicos recibidos para rastrear el origen del remitente identificado como “Agonía 67” y dar con la identidad de los responsables de estas amenazas coordinadas.
