Tras 53 días de intensas movilizaciones que han dejado un saldo crítico en la estabilidad social y económica del país, el expresidente Evo Morales y sus seguidores han determinado levantar los bloqueos de carreteras. Esta decisión ocurre en un contexto marcado por el hambre, la pérdida de vidas humanas, el desabastecimiento de productos básicos y una profundización de la crisis económica que afectó a diversas regiones.
El Gobierno, a través del vocero presidencial José Luis Gálvez, calificó esta medida como una derrota clara para el exmandatario y sus bases. Durante una intervención en el medio RTP la noche del lunes, Gálvez señaló que la aplicación de la norma establecida bajo el estado de excepción fue determinante para aislar a quienes promovían la violencia. Según el vocero, el hecho de que se haya declarado un cuarto intermedio en los bloqueos mantenidos en el Chapare es un testimonio directo de la "soledad de la derrota" de Evo Morales.
Gálvez enfatizó que el pueblo boliviano fue el actor principal en este desenlace al decidir no caer en la violencia, optando en su lugar por el respeto a la Constitución Política del Estado y al marco legal vigente. Desde la perspectiva gubernamental, la resistencia ciudadana al caos fue lo que finalmente obligó a los manifestantes a retroceder en sus acciones de bloqueo.
Por su parte, el expresidente Evo Morales presentó la situación desde una óptica distinta. Si bien reconoció y aceptó la decisión tomada por las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba de suspender las medidas de presión, aclaró que esta acción no debe interpretarse como una capitulación. Morales anunció que se trata de un "cuarto intermedio", subrayando enfáticamente que esta pausa "no es rendirse".
A pesar del levantamiento de los bloqueos, el sector evista mantiene sus exigencias políticas. Durante el tiempo que duraron las protestas, se demandó de manera reiterativa la renuncia de Paz, quien es el actual mandatario. Estas exigencias fueron impulsadas no solo por las organizaciones del Trópico, sino que se sumaron a un movimiento más amplio que incluyó la participación de la Central Obrera Boliviana (COB) y de diversos sectores campesinos provenientes de La Paz.
El conflicto alcanzó niveles de tensión elevados cuando las organizaciones evistas realizaron una marcha de protesta hacia la sede de gobierno. Esta movilización culminó en enfrentamientos y hechos de violencia, durante los cuales el objetivo central y único planteado por los manifestantes fue la salida inmediata del mandatario Paz del poder.
Además de las movilizaciones viales, el conflicto estuvo marcado por amenazas a la infraestructura estratégica del país. El Gobierno denunció que Evo Morales instigó la toma de una planta eléctrica, acción que el Ejecutivo calificó como un "acto criminal". Las autoridades aseguraron que no permitirían que se vulnerara el suministro energético de la población, reforzando la seguridad en puntos clave para evitar sabotajes.
En resumen, el país cierra un ciclo de 53 días de paralización parcial y crisis social. Mientras el Gobierno celebra lo que considera una victoria de la ley sobre la violencia y la derrota política de Morales, el exmandatario y sus bases mantienen su postura crítica contra el Gobierno de Paz, dejando la puerta abierta a futuras movilizaciones al definir la actual situación como una pausa temporal y no como un cese definitivo de sus demandas.
