El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha generado un fuerte impacto en el escenario político y económico nacional tras la publicación de su más reciente informe semestral este lunes. En el documento, el organismo técnico señala explícitamente que no ha identificado inconsistencias aritméticas en las proyecciones contenidas en el Informe de Política Fiscal (IPF) correspondiente al cuarto trimestre del año pasado, un hallazgo que choca frontalmente con las declaraciones previas del titular de la cartera de Hacienda.
Esta conclusión del CFA representa un giro significativo en la narrativa técnica sobre la gestión fiscal anterior. Según el análisis detallado en la página 90 del texto publicado, el Consejo Fiscal determinó que los cuadros de fuentes y usos de financiamiento presentes en los informes de política fiscal son internamente consistentes. Asimismo, el organismo aclaró que la diferencia observada entre el mayor déficit acumulado y la mayor variación de la deuda bruta no responde a errores de cálculo, sino que se explica a través de partidas que son plenamente identificables.
La relevancia de este pronunciamiento trasciende lo técnico para instalarse en el terreno político, ya que debilita uno de los pilares fundamentales de la acusación constitucional promovida contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Dicha acción constitucional fue impulsada por sectores del oficialismo, basándose precisamente en la existencia de supuestas inconsistencias en las proyecciones elaboradas durante la gestión de quien fuera el secretario de Estado del gobierno pasado. Al no detectar el CFA dichas fallas aritméticas, se le quita sustento técnico a uno de los argumentos centrales de la acusación.
De manera simultánea, el informe del CFA coloca al actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en una posición contradictoria. El 25 de mayo, Quiroz había denunciado públicamente que el Informe de Política Fiscal de la administración anterior presentaba errores de cálculo. Según la versión del ministro, estas inconsistencias eran la causa de que el déficit fiscal y la deuda fueran mayores a lo que se había anunciado originalmente en las proyecciones. Fue precisamente esta denuncia la que sirvió de combustible para que un grupo de diputados oficialistas propiciara la acusación constitucional contra Grau.
No obstante, el Consejo Fiscal Autónomo no exime totalmente de observaciones a la gestión del informe anterior. Si bien descartó el error aritmético, el CFA advirtió que el IPF incorporó supuestos de ajuste o de gestión financiera que no fueron explicitados en el documento. El organismo técnico señaló que, en la práctica, la aplicación de dichos supuestos correspondería a una administración posterior.
Esta omisión de detalles es calificada por el CFA como un problema de transparencia y evaluación. El informe añade que la falta de explicitación de estos supuestos dificulta considerablemente la evaluación posterior de las proyecciones. Esta situación se vuelve especialmente crítica cuando los supuestos son de gran magnitud o cuando podrían tener una incidencia directa en el cumplimiento del límite de endeudamiento permitido.
Más allá de la controversia política entre el actual y el anterior ministro, el CFA aprovechó su informe semestral para emitir una alerta sobre la salud financiera del país a mediano plazo. El organismo advirtió que la deuda bruta podría superar los niveles considerados prudentes entre los años 2027 y 2030. Para evitar este escenario, el Consejo Fiscal enfatizó la necesidad de adoptar medidas adicionales que permitan alcanzar la convergencia fiscal.
En resumen, el informe del CFA actúa como un árbitro técnico que, mientras desmiente la existencia de errores de cálculo aritméticos en las proyecciones del IPF4T25, critica la falta de claridad en los supuestos financieros utilizados y advierte sobre un riesgo creciente en los niveles de deuda bruta para el próximo lustro.
