El gobernador del estado de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, ha respondido de manera categórica ante las recientes investigaciones periodísticas que han puesto bajo la lupa los procesos de contratación de la administración estatal. Dichos reportes periodísticos sugieren que el gobierno de la entidad ha recurrido a la contratación de diversas empresas constructoras, así como de proveedores de insumos y servicios, que presentan observaciones o antecedentes negativos derivados de sexenios anteriores.
Ante estos señalamientos, el mandatario estatal enfatizó que existe un mecanismo de control riguroso para evitar que se repitan irregularidades en la gestión de los recursos públicos. Menchaca Salazar subrayó que cada una de las empresas que resulta ganadora de una licitación en el estado de Hidalgo es sometida a un proceso de revisión exhaustiva, tarea que recae directamente en la Secretaría de Contraloría Estatal. Esta dependencia es la encargada de validar que los proveedores cumplan con los estándares requeridos por la administración actual.
En cuanto a la operatividad de los procesos de adquisición y obra pública, el gobernador explicó que las licitaciones se llevan a cabo de manera abierta. De acuerdo con su declaración, este formato garantiza que cualquier interesado pueda participar, siempre y cuando se cumplan estrictamente los requisitos establecidos en las bases de cada convocatoria. El mandatario insistió en que la apertura de estos procesos es fundamental para asegurar la competencia y la legalidad en la asignación de contratos.
Asimismo, Menchaca Salazar detalló los criterios de evaluación que se aplican al momento de contratar a una empresa. Destacó que la decisión de adjudicar una obra o servicio no se basa únicamente en factores superficiales o inmediatos, como el costo más bajo o el tiempo de ejecución más corto. Según el gobernador, existen otros puntos críticos que influyen significativamente en la evaluación final. Entre estos factores destacan el historial y la trayectoria de la empresa solicitante.
Un punto relevante mencionado por el jefe del Ejecutivo estatal es la verificación de que las empresas no hayan tenido problemas legales o administrativos en el pasado. El gobernador precisó que esta revisión de antecedentes no se limita únicamente a lo ocurrido dentro del territorio hidalguense, sino que se extiende a la trayectoria de las compañías en otras entidades federativas, asegurando así que no se contraten proveedores con un historial problemático a nivel nacional.
“Se tiene mucho cuidado, la Contraloría es la encargada de revisar los antecedentes”, explicó el mandatario durante su intervención. Con estas palabras, el gobernador buscó dar tranquilidad a la ciudadanía y responder a las dudas generadas por la prensa, reiterando que la Secretaría de Contraloría actúa como un filtro indispensable para garantizar la integridad de las contrataciones gubernamentales.
Julio Menchaca Salazar vinculó estas acciones con los pilares fundamentales de su gestión. Afirmó que la transparencia y la rendición de cuentas son ejes centrales de su administración, por lo que cualquier acción que contravenga estos principios sería contraria a su plan de gobierno. En este sentido, el gobernador descartó rotundamente la posibilidad de que el gobierno actual contrate empresas que hayan sido señaladas previamente por entregar obras mal ejecutadas o por el uso de materiales de mala calidad.
De igual manera, el mandatario fue enfático al señalar que aquellas empresas que hayan sido vinculadas a presuntos actos de corrupción quedan excluidas de los procesos de contratación. Para Menchaca, mantener un estándar ético en la proveeduría es esencial para evitar que se repitan los errores de administraciones pasadas y para asegurar que la infraestructura y los servicios del estado cumplan con la calidad debida.
Con estas precisiones, el gobernador de Hidalgo reafirmó su postura de mantener una administración limpia, donde el seguimiento de los antecedentes de los proveedores sea la herramienta principal para prevenir irregularidades y asegurar que los contratos públicos se otorguen a empresas con una trayectoria comprobable y transparente.
