Rebeca Ráquel Obando ha renunciado a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, marcando el cierre de una etapa caracterizada por fuertes tensiones internas y cuestionamientos sobre la gestión de los recursos en el Poder Judicial. Su salida ocurre en un momento crítico para la administración de justicia, donde se ha puesto bajo la lupa una inversión de L15.7 millones destinada a la infraestructura de la Presidencia, mientras el sistema judicial arrastra una mora procesal alarmante.
Mientras el Poder Judicial enfrenta un rezago de más de 43,000 expedientes sin resolver, la gestión de Obando priorizó la ejecución de un proyecto denominado “Construcción de salones de reuniones para la Presidencia, anexos al edificio principal de Tegucigalpa, Francisco Morazán”. Esta obra consistió en la creación de dos espacios destinados a reuniones institucionales, con una capacidad mínima de 50 personas cada uno. Según la documentación oficial, la inversión fue justificada bajo la necesidad de ampliar las áreas de reunión para la Presidencia de la Corte y otros órganos del Poder Judicial.
El proceso de adjudicación de esta obra ha generado controversia debido a las irregularidades en los costos y los procedimientos de contratación. Inicialmente, el proyecto fue sometido a la Licitación Pública Nacional número 10-2023 el 5 de junio de 2023, en la cual participaron cuatro empresas. Sin embargo, este proceso fue declarado fracasado el 4 de marzo de 2024, ya que las ofertas presentadas superaban los L11 millones, monto que, según la resolución emitida en aquel momento, excedía la disponibilidad presupuestaria de la institución.
A pesar de haber declarado la falta de presupuesto para montos superiores a los L11 millones, en mayo de 2024 el Poder Judicial autorizó una licitación privada mediante invitación directa. En este nuevo escenario, la empresa Servicios de Ingeniería (Serin) presentó una propuesta por iniciativa propia, a pesar de no figurar entre las empresas convocadas originalmente. La oferta de Serin fue de L12.7 millones, monto que fue aceptado por las autoridades, aun cuando superaba en más de un millón de lempiras las propuestas que previamente habían provocado el fracaso de la licitación pública por falta de fondos.
El costo final de la obra terminó siendo aún mayor. Según la Memoria Anual 2025 del Poder Judicial, el proyecto recibió una ampliación presupuestaria que elevó la inversión a L13.5 millones. Los trabajos iniciaron el 17 de febrero de 2025 y tenían como fecha de finalización el 30 de enero de 2026. No obstante, los registros oficiales indican que las obras concluyeron en mayo pasado, alcanzando un costo final de L15.7 millones, lo que representa un incremento de casi tres millones de lempiras respecto al valor originalmente contratado mediante el contrato número 02-2025.
Esta priorización del gasto en infraestructura ha sido duramente criticada por especialistas en derecho. El abogado Germán Leitzelar señaló que, si bien las mejoras físicas pueden ser necesarias, la prioridad absoluta del Poder Judicial debe ser la resolución de los problemas estructurales, especialmente la mora judicial. Leitzelar instó a analizar el esquema bajo el cual se realizaron estos fondos, subrayando que el esfuerzo institucional debería centrarse en invertir en equipos y en la ampliación del número de tribunales y personal, más allá de la simple capacitación de los jueces.
El abogado enfatizó la necesidad de revisar la jerarquía de las inversiones, cuestionando la prioridad de construir salones de reuniones frente al fortalecimiento de la justicia a nivel geográfico en todo el país, haciendo especial mención a la precaria situación de los juzgados de paz y otras materias donde la insuficiencia de mejoras provoca el estancamiento de los casos.
Las cifras reflejadas en la Memoria Anual más reciente respaldan la gravedad de la situación. Durante el año 2025, el sistema de justicia recibió un total de 129,997 nuevos expedientes, de los cuales solo se pudieron resolver 86,991, dejando una mora acumulada de 43,006 casos. La congestión más crítica se localiza en los juzgados de letras, donde ingresaron 82,727 expedientes y solo se resolvieron 48,774. Esto arroja una tasa de respuesta del 59%, lo que significa que cuatro de cada diez casos que llegaron a estos juzgados no recibieron resolución en el mismo periodo.
Hasta el cierre de esta edición, las autoridades del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia no han emitido ninguna respuesta institucional ante las solicitudes de información adicionales sobre la inversión realizada en los salones de reuniones.
