Los presidentes de las colectividades de oposición llevarán a cabo un último intento de acuerdo este lunes a las 9 de la mañana en la sede del Partido Socialista (PS). El objetivo del encuentro es consensuar una contrapropuesta común ante la megarreforma impulsada por el gobierno, en un contexto de alta tensión y plazos ajustados. La urgencia radica en que este miércoles 24, los senadores votarán en sala la idea de legislar en general, dejando apenas 48 horas para concretar un texto unificado.
A pesar de la relevancia del encuentro, el panorama es desalentador. Desde el PS y el Partido por la Democracia (PPD) han admitido que llegan a esta instancia de coordinación con un marcado escepticismo. Las fuertes diferencias registradas entre las diversas bancadas de senadores han impedido, hasta el momento, la suscripción de un documento conjunto que permita negociar cambios y mejoras a los aspectos centrales del proyecto presentado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Incluso tras diversas conversaciones mantenidas el domingo por los timoneles partidarios para despejar los puntos de conflicto, el resultado fue negativo.
La principal piedra de tope en las negociaciones es la postura del Partido Comunista (PC) respecto a los impuestos corporativos. El gobierno ha propuesto reducir la tasa impositiva para las empresas del 27% actual a un 23% de manera gradual. Mientras que sectores del Socialismo Democrático, el PS, el PPD y la DC estarían dispuestos a aceptar esta rebaja a cambio de compensaciones —como un alza de impuestos a las personas con mayores ingresos para evitar el aumento del déficit fiscal—, el Partido Comunista rechaza categóricamente cualquier reducción de los impuestos corporativos. El PC ha mantenido esta postura desde que la idea fue planteada inicialmente por el entonces ministro Mario Marcel.
Esta fragmentación se ha visto agravada por las propuestas independientes de cada partido. Recientemente, el Frente Amplio (FA), a través de su presidenta Constanza Martínez, presentó un documento propio que generó controversia y escaso respaldo entre las demás fuerzas progresistas. Las críticas al texto del FA se centran en la inclusión de materias ajenas al proyecto de ley en trámite, tales como la detención de cobros a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) y el retorno a la fórmula del Fondo de Educación Superior (FES). Esta discordia quedó en evidencia el pasado sábado durante el aniversario del PC, donde la senadora Claudia Pascual y el secretario general del PS, Arturo Barrios, coincidieron en sus quejas sobre el documento frenteamplista.
Por su parte, el Partido Socialista ha avanzado en una propuesta elaborada por la senadora Paulina Vodanovic, el senador Juan Luis Castro y asesores del comité socialista. Este texto plantea compensar la baja de recaudación por los impuestos corporativos, una medida aceptada por DC y PPD, pero no por el PC. Además, en relación a la exención del pago de contribuciones para mayores de 65 años defendida por el gobierno, la oposición busca extender este beneficio a todos los adultos mayores propietarios de viviendas de hasta 6.000 UF que declaren bajos ingresos, debido a la preocupación de los alcaldes por la merma de recursos municipales. El PS también ha sugerido separar el proyecto para discutir las materias tributarias con plazos más extensos, aunque el gobierno no ha mostrado apertura a esta solicitud.
Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo total, los timoneles han optado por reducir sus expectativas. Para la reunión del lunes, el esfuerzo se concentrará en concordar al menos una declaración general de principios y algunas indicaciones comunes. De esta manera, cada partido presentaría su propia propuesta al gobierno para intentar abrir negociaciones individuales.
La situación se complica aún más por la postura de algunos parlamentarios, como el senador Pedro Araya del PPD, quien se ha mostrado abierto a votar a favor de la idea de legislar para luego negociar. En la oposición reconocen que el gobierno cuenta con los 26 votos necesarios para aprobar la iniciativa este miércoles, lo que convierte la resistencia actual en un acto mayormente simbólico.
Finalmente, los partidos deberán decidir si presentan un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para frenar la reforma. Hasta ahora, el único punto con argumentos suficientes para el TC sería la invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones superiores a 50 millones de dólares, aunque persiste la duda sobre si interponer el recurso antes o después de la votación de la idea de legislar.
