El excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Eduardo Pérez Rocha, ha manifestado un duro cuestionamiento hacia las movilizaciones convocadas por el candidato de la agrupación política Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez. En declaraciones brindadas en una entrevista con el medio Canal N, el exjefe policial fue enfático al señalar que las jornadas de protesta anunciadas tras la realización de la segunda vuelta electoral no poseen un fundamento válido, calificando estas acciones como una “pataleta de un mal perdedor”.
Pérez Rocha analizó la situación actual del clima social y político, centrando sus críticas en la naturaleza de las convocatorias lideradas por el representante de Juntos por el Perú. Para el excomandante, los anuncios de nuevas movilizaciones no representan una demanda ciudadana legítima, sino más bien una reacción emocional y política ante los resultados electorales, lo que llevó al exjefe policial a utilizar términos severos para describir la actitud del candidato Sánchez.
Más allá de la crítica política, el excomandante general se refirió a las implicaciones legales de estas movilizaciones. En ese sentido, respaldó firmemente la denuncia penal interpuesta por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público. Esta entidad ha presentado una denuncia formal contra nueve personas vinculadas a las convocatorias de protesta, entre las cuales destacan figuras como Antauro Humala, Claudia Cisneros y Hernando Cevallos. Según la Procuraduría, estas personas podrían haber incurrido en el delito de grave perturbación de la tranquilidad pública.
Eduardo Pérez Rocha sostuvo que el proceso legal contra estos dirigentes y personajes debe seguir su curso natural y sin interrupciones. El exjefe policial afirmó que existen declaraciones emitidas por este grupo de personas que podrían justificar plenamente la intervención de las autoridades competentes. En sus palabras, es imperativo que este proceso se lleve a cabo con el fin de sancionar penalmente a los responsables o, en su defecto, aplicar una amonestación formal que sirva como medida correctiva.
Para profundizar en el sustento legal de estas acciones, Pérez Rocha detalló que la denuncia se fundamenta específicamente en el artículo 315 del Código Penal peruano. Este artículo regula los delitos relacionados con disturbios y contempla diversos escenarios de riesgo para la seguridad ciudadana. Entre los hechos tipificados en esta norma se encuentran los desórdenes públicos, los enfrentamientos violentos y los ataques directos contra los efectivos de la Policía Nacional del Perú.
El excomandante alertó sobre la gravedad de las consecuencias jurídicas que enfrentan los denunciados. Explicó que, dependiendo de la conducta investigada y de la gravedad de los hechos probados, las sanciones contempladas en el marco legal pueden oscilar entre los 5 y los 15 años de pena privativa de la libertad. Esta precisión subraya la postura de Pérez Rocha sobre la necesidad de no minimizar las acciones que atenten contra la tranquilidad pública.
Asimismo, el exjefe policial aprovechó la entrevista para cuestionar ciertos incidentes ocurridos durante las movilizaciones registradas en la ciudad de Lima. Pérez Rocha puso especial énfasis en el caso de un periodista que fue empujado mientras realizaba la cobertura informativa de la marcha. Según el excomandante, este acto fue ejecutado por personas que aparentemente cumplían funciones de seguridad durante el evento. Ante este hecho, señaló que es fundamental verificar si dichos grupos contaban con la autorización legal y formal para desempeñar labores de seguridad, ya que el uso de la fuerza debe estar regulado.
Finalmente, se informó que la denuncia presentada por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público ya ha sido remitida formalmente al Ministerio Público. Esta entidad fiscal es la encargada de evaluar los elementos presentados para determinar si corresponde iniciar las diligencias preliminares necesarias. El Ministerio Público deberá analizar si existen evidencias suficientes que sustenten una responsabilidad penal individual para cada uno de los nueve denunciados, incluyendo a Antauro Humala y sus colaboradores.
