Tras su victoria en los comicios celebrados hace dos semanas, la señora Keiko Fujimori se prepara para asumir la conducción del país el próximo 29 de julio. Como ocurre con todo gobierno entrante, la transición llega acompañada de una agenda cargada de promesas acumuladas durante la campaña, mitines y conferencias de prensa, generando altas expectativas en diversos sectores electorales que esperan el cumplimiento de las reformas ofrecidas.
El plan de gobierno de la presidenta electa incluye metas ambiciosas que requerirán de un planeamiento cuidadoso y avances progresivos. Entre sus compromisos destacan la implementación de un Centro Nacional de Comando y Videovigilancia que abarque las 24 regiones del país, la digitalización de al menos el 80% de los trámites empresariales a través de la Ventanilla Única Digital Nacional y el objetivo de lograr que el 60% de las micro y pequeñas empresas (Mypes) operen dentro de la formalidad. No obstante, el equipo de gobierno debe ser consciente de que estos logros demandarán tiempo y, posiblemente, el ajuste de errores en el proceso.
A pesar de estas metas a mediano plazo, existen urgencias que el nuevo gobierno de Fuerza Popular no podrá postergar. Hay al menos cuatro puntos críticos que requieren atención inmediata apenas jure el futuro gabinete, ya que no admiten la espera hasta el año 2027.
La primera prioridad es la preparación frente al Fenómeno El Niño (FEN). Las proyecciones climáticas han variado sustancialmente; el último comunicado del ENFEN indica que el FEN Costero podría tener una magnitud fuerte entre junio y septiembre, con una probabilidad del 48% de mantenerse fuerte durante el verano 2026-2027. Asimismo, la NOAA ha elevado sus previsiones para el último trimestre, señalando una probabilidad superior al 60% de un FEN muy fuerte en el Pacífico Central.
Esta situación se agrava por la gestión del actual presidente José María Balcázar, quien ha mostrado una preocupante desidia. A casi cerrar la primera mitad del año, el gobierno nacional ha invertido menos del 20% de su presupuesto anual destinado a la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es el caso más crítico, habiendo utilizado menos del 10% de sus S/219 millones, con proyectos clave en Piura y Tumbes ejecutados en menos del 5%. El nuevo gabinete deberá coordinar urgentemente con las autoridades subnacionales para recuperar el tiempo perdido y mitigar el impacto climático.
El segundo punto urgente es la situación financiera de Petro-Perú. La petrolera estatal se encuentra al borde de la insolvencia y depende de rescates multimillonarios recurrentes para cumplir con bonistas y proveedores. Cualquier incumplimiento en estos pagos podría derivar en conflictos legales en tribunales extranjeros. Aunque se ha iniciado un proceso de reestructuración a través de Proinversión, esta "operación quirúrgica" enfrenta resistencias internas y requiere un fuerte respaldo político. Para ello, será indispensable el compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Se sugiere que el Ejecutivo impulse un proyecto de ley para redefinir el rumbo de la empresa, permitiendo la entrada de capitales privados y blindando al directorio de la injerencia política.
En tercer lugar, el gobierno debe enfrentar el problema del Reinfo, cuya vigencia fue extendida por el Congreso hasta el 31 de diciembre de 2026. Este mecanismo ha facilitado la expansión de la minería de oro ilegal, la cual, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), habría generado ventas superiores a los US$11 mil millones el año pasado, cifra comparable a todas las agroexportaciones de 2024. Ante la probabilidad de que el Congreso intente extender nuevamente el plazo, el Ejecutivo debe asumir el liderazgo para implementar una formalización justa para los pequeños productores y actuar con firmeza contra la ilegalidad en un plazo no mayor a cinco meses.
Finalmente, es imperativa la reposición de los candados fiscales. El actual Congreso ha aprobado normas con alto costo fiscal, como incrementos en pensiones y remuneraciones al personal público, ignorando impedimentos constitucionales. Estas medidas amenazan con elevar el déficit fiscal o reducir la inversión pública en los próximos presupuestos. El riesgo es latente: si los precios de los minerales caen, la situación financiera se volverá insostenible. Por ello, el gobierno entrante deberá plantear una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para restablecer el orden fiscal y asegurar la manejabilidad de sus finanzas.
Esta agenda mínima representa los desafíos más inmediatos. Si bien existen otras necesidades, como el cierre de brechas en el centro y sur del país, el FEN, la crisis de Petro-Perú, la minería ilegal y el hueco fiscal son urgencias que no pueden esperar.
