Las recientes protestas protagonizadas por los productores de arroz han puesto de manifiesto la profunda crisis que atraviesa uno de los cultivos más significativos para la economía agraria del país. En los últimos meses, los agricultores han visto cómo sus ingresos se reducen drásticamente debido a una caída sostenida de los precios en chacra, fenómeno que ocurre en un entorno complejo marcado por cambios en la oferta local y un incremento considerable en el costo de insumos fundamentales, especialmente los fertilizantes.
Para mitigar el impacto inmediato, el Poder Ejecutivo ha aprobado la implementación de medidas extraordinarias de apoyo, centradas principalmente en la compra de arroz para ser destinado a programas sociales. No obstante, el análisis de la situación revela que los desafíos que enfrenta el sector trascienden la coyuntura actual y responden a factores estructurales y de mercado más profundos.
El origen de la situación actual se remonta a 2021, periodo en el que los precios en chacra se mantuvieron en niveles favorables. Esta estabilidad económica incentivó a los agricultores a expandir la producción a nivel nacional. Como resultado, durante la campaña agrícola 2023-2024, la superficie sembrada de arroz cáscara experimentó un crecimiento del 6,8% en comparación con el promedio de las cinco campañas anteriores. Este incremento representa el mayor crecimiento registrado desde la campaña 2017-2018, impulsado mayoritariamente por la expansión de las áreas sembradas en tres regiones clave: Piura, con un aumento del 24%; Lambayeque, con un 9%; y Ucayali, que registró el incremento más drástico con un 53%.
Sin embargo, esta expansión productiva se topó con una realidad adversa a partir de mediados de 2025, cuando el precio en chacra comenzó a descender rápidamente. Ante esta caída, algunos productores señalaron como causa la competencia de arroz importado a bajo costo. No obstante, los datos técnicos desmienten esta premisa. Según la información disponible, las importaciones de arroz representan únicamente el 7% de la producción nacional. Además, el país cuenta con el Sistema de Franja de Precios, el cual aplica un derecho variable adicional al precio de importación. Durante 2026, este derecho se estableció en un promedio de US$ 182 por tonelada, lo que equivale a un arancel del 31%, limitando así el impacto de los productos extranjeros.
De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el deterioro de los precios pagados a los agricultores estuvo vinculado inicialmente a la adopción de la variedad de arroz “Nopal” en gran parte de la zona selva. Aunque esta variedad se caracteriza por un mayor rendimiento y una notable resistencia a las plagas, no logró la aceptación esperada entre los consumidores de la Amazonía, quienes señalaron diferencias negativas en el sabor y el proceso de cocción.
La acumulación de oferta de la variedad “Nopal” generó una presión a la baja sobre los precios en chacra, efecto que terminó extendiéndose al resto del mercado arrocero. Para mayo de 2026, se acumuló una caída del 28% en los precios respecto al pico alcanzado en febrero de 2025. Un dato relevante es que los precios mayoristas y minoristas casi no variaron, lo que indica que los molinos evitaron la compra de la variedad “Nopal”, concentrando así el impacto económico exclusivamente en los agricultores.
Este escenario se volvió aún más crítico tras el bloqueo del Estrecho de Ormuz, evento que disparó el precio internacional de los fertilizantes. En el primer trimestre de 2026, el costo de la urea en las principales regiones productoras de arroz aumentó en un 12,8%, cifra que supera ampliamente el promedio nacional del 2,8%. Esta situación es especialmente grave dado que el arroz es el cultivo con mayor intensidad en el uso de fertilizantes: más del 90% de sus productores los utilizan, comparado con el 64% en el cultivo de papa y el 42% en el de café. En regiones como San Martín y Piura, la compra de fertilizantes representaba, previo a la crisis, el 15% y 19% de los ingresos brutos de los productores, respectivamente.
A pesar de estas dificultades, el Midagri señala que solo el 3% de los productores de arroz se encuentran en una situación de subsistencia crítica, una cifra muy inferior al promedio nacional, que es del 43%. Esto se atribuye a un mejor acceso a semillas certificadas y sistemas de riego. No obstante, persisten problemas estructurales: el 80% de los agricultores opera en parcelas de menos de 2 hectáreas, lo que anula la posibilidad de aprovechar economías de escala. Asimismo, existen brechas de productividad regionales; mientras que en la costa la mediana de rendimiento es de 8,5 toneladas por hectárea, en la selva esta cifra es un 20% menor.
En conclusión, aunque los programas de compra estatal representan un alivio temporal, no resuelven la falta de competitividad del sector, la informalidad, la vulnerabilidad climática ni la brecha en la tecnificación productiva. Ante la proximidad de un Fenómeno El Niño Costero, se hace evidente la necesidad de una estrategia integral que abarque no solo al sector arrocero, sino a todo el agro nacional.
