La relación entre las provincias de La Rioja y San Juan ha entrado en una nueva fase de tensión tras la aprobación, por parte de la Legislatura riojana, de un proyecto de ley impulsado por el gobernador Ricardo Quintela. La iniciativa, que busca reafirmar los derechos de La Rioja sobre territorios en disputa, ha provocado una reacción inmediata y airada del gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, quien manifestó su rechazo a través de sus redes sociales.
El conflicto tiene sus raíces en una disputa territorial que se remonta a 1968, año en que el dictador Juan Carlos Onganía sancionó la Ley 18.004. Esta normativa fijó los límites interprovinciales entre ambas jurisdicciones, determinando que zonas como el Valle de la Luna y el cerro El Potro —donde actualmente se desarrolla el proyecto minero Josemaría, parte del complejo Vicuña— pasaran a formar parte de San Juan, a pesar de haber sido considerados riojanos hasta ese momento.
Si bien la controversia permaneció en un plano velado durante décadas, la situación volvió a cobrar relevancia en abril pasado. En aquel entonces, la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, dictó una medida que ordenó la paralización de las actividades del emprendimiento Vicuña por un periodo de 30 días. Asimismo, la magistrada prohibió el uso de rutas y caminos en territorio riojano, los cuales representan los únicos accesos viables al campamento Batidero, ubicado en San Juan. Esta decisión judicial fue interpretada y celebrada por el gobernador Quintela como un respaldo a su postura territorial.
Dos meses después de aquel episodio, la Legislatura de La Rioja, de composición unicameral, dio luz verde a la iniciativa del Ejecutivo provincial. El texto legal "reafirma los derechos de la provincia de La Rioja sobre los territorios existentes bajo sus dominios" y otorga al distrito la facultad de avanzar con diversas acciones legales y políticas. El proyecto contó con un apoyo mayoritario de los bloques legislativos, con la única excepción de La Libertad Avanza (LLA), cuyo bloque decidió abstenerse en la votación.
Desde el cuerpo legislativo riojano se argumentó que la norma tiene como objetivo fortalecer las herramientas jurídicas e institucionales para defender la soberanía provincial. Los fundamentos de la ley sostienen que la Ley Nacional 18.004, dictada durante la última dictadura militar, modificó los límites provinciales de manera unilateral y sin la intervención del Congreso de la Nación, lo que habría generado un perjuicio territorial para La Rioja.
En este contexto, el diputado Marcelo Del Moral (PJ) explicó que la ley propone la creación de una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial. Esta comisión estará integrada por siete diputados y contará con la asesoría de representantes de la Asesoría General de Gobierno, el Fiscal de Estado y especialistas en geografía, historia, minería y cartografía. Al respecto, la diputada radical Gabriela Rodríguez calificó la disputa como un "histórico conflicto" y una "herida fruto de las leyes de la Dictadura", asegurando que defenderán la causa con rigor técnico, político y jurídico. En la misma línea, Yamil Sarruf (PJ) subrayó la necesidad de otorgar herramientas al gobernador para defender lo que corresponde a la provincia. Por el contrario, Claudia López, de LLA, manifestó que no consideraba que este fuera el modo ni el medio adecuado para tratar el tema de los límites.
La nueva ley no solo crea la comisión, sino que faculta al Poder Ejecutivo riojano para iniciar gestiones administrativas y legislativas ante el Congreso de la Nación con el fin de reivindicar el dominio territorial en la zona limítrofe. Además, instruye a la Fiscalía de Estado a interponer las acciones judiciales y medidas cautelares urgentes para salvaguardar los recursos hídricos, mineros, arqueológicos y naturales, buscando impedir cualquier explotación o avance jurisdiccional unilateral por parte de San Juan o de terceros concesionarios hasta que se resuelva el conflicto de fondo.
La respuesta de Marcelo Orrego fue contundente. A través de su cuenta oficial de X, el gobernador sanjuanino afirmó: "No vamos a permitir que se ponga en duda lo nuestro". Orrego sostuvo que la jurisdicción de San Juan es legal y está respaldada tanto por la Ley 18.004 como por la Constitución Nacional, recordando que los límites rigen hace 57 años y que el Congreso confirmó su vigencia en 2014. El mandatario cuyano enfatizó que ninguna provincia puede cambiar un límite mediante una ley provincial, ya que el procedimiento debe realizarse a través del Congreso y la Justicia.
Orrego hizo un llamado a todas las fuerzas políticas de su provincia para defender unidos el territorio y los recursos, mencionando explícitamente la importancia de símbolos como Ischigualasto y los recursos del subsuelo.
Finalmente, la disputa ha provocado una fractura en el peronismo. El Partido Justicialista de San Juan emitió un comunicado en el que se distanció de la postura de Ricardo Quintela, asegurando que, en materia de defensa del territorio y los recursos provinciales, no existen diferencias partidarias. El PJ sanjuanino afirmó que acompañarán cualquier acción institucional para ratificar sus límites, priorizando los intereses de San Juan por encima de cualquier afinidad política.
