La Cámara de Diputados y el Senado de la República Dominicana han aprobado con carácter de urgencia la reforma fiscal impulsada por el presidente Luis Abinader. Tras el consenso legislativo, la norma ha sido convertida en ley y remitida al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación o, en su defecto, para su observación. Esta medida legislativa tiene como objetivo principal sumar una cantidad de RD$50.000 millones al Presupuesto General del Estado, cifra que representa aproximadamente 850 millones de dólares estadounidenses (USD). Según han reportado medios locales, este incremento en los fondos públicos se logrará mediante un aumento de la carga tributaria en diversos sectores.
En cuanto a las modificaciones específicas en la carga impositiva, la nueva normativa establece un incremento en la tasa del Impuesto Sobre la Renta empresarial, la cual subirá al 30% para los grandes contribuyentes. Asimismo, se ha determinado el restablecimiento del impuesto selectivo sobre el alcohol etílico que se utiliza en la fabricación de medicamentos. Por otro lado, el proyecto ha sido presentado oficialmente como una ley orientada a fomentar el crecimiento económico, simplificar el sistema fiscal y mitigar los efectos de la crisis internacional, aunque fuentes como el Listín Diario señalan que su meta central es elevar la recaudación mediante mayores cargas sobre distintos estratos de la sociedad.
No obstante, la ley también contempla una serie de beneficios y derogaciones. Se han eliminado los anticipos fiscales para las microempresas y se ha creado una amnistía destinada a las deudas tributarias. En el sector inmobiliario, la norma reduce el Impuesto Sobre la Renta por ganancia de capital en la venta de inmuebles, bajando la tasa del 25% al 10%. Adicionalmente, se ha procedido a la eliminación de leyes obsoletas, específicamente las relacionadas con los fósforos y el control de las estampillas.
En el ámbito social, la reforma introduce una indexación de los salarios. Esta medida implica que únicamente aquellas personas que perciban un ingreso mensual superior a los 39.900 pesos (aproximadamente 678 dólares estadounidenses) estarán sujetas al pago del impuesto sobre la renta. De igual manera, se ha elevado la deducción de los gastos educativos, pasando del 25% al 30%.
El camino hacia la aprobación de esta ley incluyó el trabajo de una comisión bicameral. Durante la primera sesión de este grupo, se llevó a cabo la lectura íntegra del proyecto. En la segunda reunión, se integraron las observaciones del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, así como las representaciones de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Al concluir estas consultas, la comisión emitió un informe favorable que fue posteriormente votado y aprobado por el Senado.
El proceso no estuvo exento de tensiones con la oposición. Diversas propuestas impulsadas por los sectores opositores fueron rechazadas en la votación final. Entre las sugerencias que no prosperaron se encontraba la eliminación de los impuestos aplicados a las telecomunicaciones en las zonas rurales y el mantenimiento de la tasa actual por transferencias bancarias. También se propuso que la indexación de los salarios se aplicara a quienes ganaran menos de 52.000 pesos mensuales (alrededor de 885 dólares estadounidenses) y se solicitó extender la eliminación del anticipo a las pequeñas empresas, no solo a las microempresas.
Desde la cúpula legislativa, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, defendió la urgencia de la medida, afirmando que responde a las consecuencias de años de crisis. Pacheco instó a la oposición a mantener el comedimiento, recordando que en la gestión de Leonel Fernández también se aprobaron dos reformas fiscales. En esa misma línea, el diputado Francisco Javier Paulino sostuvo que la ley beneficia a más del 90% de la población, argumentando que las disposiciones más gravosas están dirigidas a los grandes contribuyentes.
Por el contrario, la oposición ha manifestado sus dudas. Rafael Castillo, vocero de Fuerza del Pueblo, cuestionó la celeridad con la que se tramitó esta ley, comparándola con otras reformas estructurales que no recibieron el mismo trato de urgencia. Por su parte, el opositor Carlos de Pérez señaló que solo en el mes de mayo la nómina pública experimentó un crecimiento de unos 3.180 millones de pesos (aproximadamente 54 millones de dólares estadounidenses). De Pérez cuestionó que la recaudación obtenida a través de esta reforma termine siendo destinada al pago de gastos corrientes, mencionando específicamente los viáticos y la publicidad.
