El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, ha anunciado que el Gobierno permitirá la creación de cadenas de restaurantes, cafeterías, hamburgueserías y diversos servicios operados por empresas privadas o mediante inversión extranjera. Esta medida se integra en un paquete exhaustivo de reformas económicas diseñadas para hacer frente a la profunda crisis que atraviesa la isla y a la creciente presión ejercida por Estados Unidos.
Durante la presentación de estas reformas, Marrero detalló que se permitirá que cualquier entidad, ya sea una mipyme o un inversor extranjero, desarrolle una red de servicios, incluyendo cafeterías y hamburgueserías, con el objetivo primordial de ampliar la oferta de servicios disponibles para la población. Este anuncio se produce tras la aprobación de un paquete de reformas económicas por parte del pleno extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC).
Además de la apertura a emprendimientos privados, el primer ministro señaló que el Gobierno tiene la intención de invitar a franquicias extranjeras de comida rápida, describiéndolas como "alimentos ligeros", para que inviertan en el país y expandan sus cadenas comerciales en todo el territorio nacional.
Estas disposiciones forman parte de un conjunto de reformas más amplio que, una vez aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular —donde comenzó su debate este jueves—, representarían uno de los mayores cambios en el modelo económico cubano desde la revolución de 1959, marcando un giro hacia una mayor apertura al mercado.
A pesar de este giro, Manuel Marrero enfatizó que el propósito de estas reformas es modernizar la economía sin alterar el sistema socialista del país. El plan contempla una mayor participación del sector privado, el fomento de la inversión extranjera y cambios estructurales en sectores clave como la agricultura, el comercio exterior y el mercado inmobiliario. Asimismo, se busca otorgar una mayor autonomía tanto a los municipios como a las empresas estatales.
Por su parte, el Partido Comunista de Cuba aclaró, a través de sus redes sociales, que aunque las propuestas reconocen los mecanismos de mercado como instrumentos para una asignación eficiente de los recursos, esto no implica que el Estado renuncie a su responsabilidad social.
En la clausura del pleno extraordinario del Comité Central del PCC, el presidente Miguel Díaz-Canel defendió la necesidad de estas reformas para combatir la crisis económica actual. El mandatario subrayó la urgencia de "desatar las fuerzas productivas" para priorizar la producción sobre la restricción, argumentando que el control excesivo sin una oferta real solo provoca que las operaciones se desplacen hacia el mercado informal.
Este contexto de apertura ocurre simultáneamente con el incremento de las presiones impuestas por el Gobierno de Donald Trump desde inicios de año, las cuales se suman al embargo económico vigente desde la década de 1960. Cuba ha enfrentado graves dificultades en el suministro de crudo, habiendo dejado de recibir petróleo de Venezuela, su proveedor principal, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Posteriormente, también se interrumpió el suministro desde México, luego de que la administración de Trump amenazara con imponer aranceles adicionales a los países que suministraran crudo a la isla, directa o indirectamente.
La escasez de combustible ha tenido un impacto directo en la vida cotidiana, incrementando la frecuencia y duración de los apagones debido a una infraestructura deteriorada por la falta de inversiones y mantenimiento. Asimismo, la falta de petróleo ha afectado severamente el transporte de alimentos y los servicios públicos, generando malestar entre la ciudadanía.
En el ámbito diplomático y legal, Estados Unidos anunció a principios de junio sanciones contra el presidente Miguel Díaz-Canel y su círculo cercano, extendiéndose también a familiares del expresidente Raúl Castro. Estas medidas se complementan con las sanciones impuestas en mayo contra el Grupo de Administración Empresarial (GAESA), consorcio de empresas bajo mando militar. Finalmente, el gobierno estadounidense presentó una acusación formal contra Raúl Castro relacionada con el derribo de dos aviones de la organización Hermanos al Rescate en 1996.
