La Fiscalía General de la Nación ha citado a indagatoria al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, debido a sus presuntos vínculos con diversas masacres perpetradas en el departamento de Antioquia durante la década de los noventa. El propio exmandatario confirmó la noticia a través de su cuenta en la red social X, informando que su equipo jurídico fue notificado por la Fiscalía Tercera sobre el llamado a indagatoria relacionado con los casos de El Aro, La Granja, José María Valle y Guacharacas.
Este proceso es el resultado de tres expedientes que el ente investigador tiene en contra de Uribe desde septiembre de 2020. En aquel momento, el expresidente renunció a su cargo en el Senado, lo que provocó que la Corte Suprema de Justicia perdiera la competencia para investigarlo, trasladando las carpetas a la Fiscalía cuando Francisco Barbosa lideraba la institución. Dichos expedientes habían sido adelantados previamente por el magistrado César Reyes, quien en agosto de 2020 había ordenado la captura de Uribe Vélez.
Los hechos investigados se dividen en tres ejes principales. El primero se centra en la masacre de San Roque, ocurrida en 1996 en el nordeste antioqueño. Según las investigaciones de la Corte, un grupo al margen de la ley habría utilizado la hacienda Guacharacas —propiedad de la familia Uribe Vélez en aquel entonces y ubicada entre Yolombó y San Roque— como base de operaciones para cometer estos crímenes. Este caso ha sido respaldado por declaraciones de los exparamilitares Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve.
El segundo expediente aborda las masacres ocurridas en el municipio de Ituango, específicamente en los corregimientos de La Granja, en junio de 1996, y El Aro, en octubre de 1997. Durante estos eventos, grupos paramilitares atacaron indiscriminadamente a la población civil mientras Álvaro Uribe Vélez se desempeñaba como gobernador de Antioquia. En El Aro, aproximadamente 200 integrantes de las autodefensas comandadas por Carlos Castaño tomaron el lugar durante diez días, resultando en el asesinato de 15 personas y la quema de 40 viviendas. Salvatore Mancuso señaló que esta incursión fue planeada con meses de antelación.
En cuanto a la masacre de La Granja, cuatro campesinos fueron asesinados en junio de 1996, hecho que marcó el inicio de una ola de violencia paramilitar. Estas acciones habrían sido lideradas por el jefe paramilitar alias “Doble Cero” y financiadas desde el Parqueadero Padilla, oficina financiera del grupo armado en Medellín. Por estos hechos, en 2023, la Fiscalía llamó a juicio a Jacinto Soto Toro, alias “Lucas”, quien administraba dicho despacho.
El tercer expediente se refiere al asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido en febrero de 1998. Valle, quien era presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, había alertado reiteradamente sobre la violencia en Ituango y denunció la connivencia entre militares de la IV Brigada del Ejército y grupos de autodefensa. Antes de su muerte, Valle acusó públicamente al entonces gobernador Uribe Vélez y al secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno, de incurrir en un comportamiento omisivo frente a la escalada de terror que derivó en las masacres de San Roque, El Aro y La Granja.
Desde el punto de vista procesal, estos casos se rigen bajo la Ley 600 debido a que los hechos ocurrieron en los años noventa. Bajo esta normativa, la indagatoria es el paso donde la fiscal del caso vincula formalmente al investigando al considerar que existen indicios serios de su participación, otorgándole la oportunidad de ejercer su defensa antes de determinar si se procede con una acusación formal.
Ante estas notificaciones, Álvaro Uribe Vélez manifestó su inconformidad a través de X, calificando la situación como una "injusticia de clara presión política". El expresidente cuestionó la imparcialidad de la fiscal asignada, mencionando que es exintegrante de la JEP y que no ha recibido declaración alguna de su parte antes de llevarlo al proceso. Asimismo, señaló que el objetivo de estas acciones sería condenarlo.
